El coordinador del PAN en el Congreso local, Guillermo Vega Guerrero, afirmó que la propuesta de Ley General de Aguas impulsada a nivel federal busca “quitarles a los estados y municipios la capacidad de decidir cómo administrar el recurso”, lo que, dijo, concentraría el control del agua en el gobierno federal y alejaría las decisiones de las realidades locales.
“No están verdaderamente interesados en mejorar la distribución del agua, la limpieza del agua, el combatir la sobreexplotación. Lo único que Morena quiere a nivel nacional y aquí en Querétaro, es politizar el tema del agua, tener el control del agua”.
Alertó que esta ley representa un riesgo para productores, municipios y familias, ya que elimina la participación de estados, municipios y usuarios, lo que implica el riesgo de abrir la puerta a decisiones discrecionales sobre el otorgamiento de agua y concesiones.
Y aunque en el discurso, acusó que Morena se dice preocupado por la crisis hídrica, en el texto no hay acciones para atenderla, ni tampoco se habla de mejorar infraestructura, reducir fugas o modernizar sistemas, pero se reduce la transparencia y la participación ciudadana.
Entre los cambios más importantes, señaló que se permite a la Federación revocar concesiones sin estudios técnicos, debilitar los consejos de cuenca y ampliar sanciones federales sin criterios claros, lo que impactaría con agricultores, industrias y municipios.
“Por eso nosotros tenemos que seguir visibilizando el tema de que esta ley es peligrosa. Por supuesto tiene algunos puntos positivos, es decir, nosotros celebramos que aumente las inspecciones para que quien está haciendo mal uso del agua se le sancione y se le retiren las concesiones, pero no podemos generalizar que por pocos se afecte a tantos”.
Ante señalamientos de que panistas poseen concesiones de agua, enfatizó que no se está en contra de que se revise la legislación, sino que se apueste por el centralismo, y en caso de que existan irregularidades, que la Conagua haga uso de sus facultades para sancionar y retirar.
“Pero yo te aseguro que de las 5 mil concesiones que hay en el Estado, no más de 30 o 40 podrían estar incurriendo en irregularidades, de quien sean. Y entonces la autoridad, la Conagua, ¿por qué no ha actuado? Si ya tiene hoy facultades en la ley para retirarlas”.
Consideró que esta incertidumbre, que está provocando movilizaciones nacionales, podría hacer cada vez menos rentable el campo lo que impactaría en la soberanía alimentaria, y se recurrirá cada vez más a la importación.