La Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Querétaro (DDHQ) abrió una investigación de oficio tras el enfrentamiento entre artesanos e inspectores, que se registró el sábado en el Centro Histórico. Javier Rascado, presidente del organismo, detalló que, por este suceso, no se ha presentado ninguna persona se ha acercado para presentar quejas o para algún tipo de acompañamiento o asesoría.
“En el momento mismo que comenzamos a tener conocimiento por medio de las redes sociales de lo que estaba aconteciendo en el Centro Histórico, pues finalmente nosotros de oficio decidimos iniciar la queja para poder iniciar la investigación y finalmente poder deslindar responsabilidades y tomar una determinación”.
Acotó que, pesa a ello, se actuó en cuanto hubo conocimiento de los hechos a través de redes sociales, donde circulan diversos videos del operativo, sin embargo, ya se solicitaron los informes a las autoridades municipales involucradas, así como el acceso a cámaras públicas y privadas, y se verificará con la Fiscalía si existen denuncias penales, para conformar la carpeta de investigación y determina si existieron o no violaciones a derechos humanos.
No obstante, precisó que, durante su gestión (febrero 2022 a la fecha) no es el único hecho registrado y que ha derivado en queja en el organismo, puesto que ha habido al menos 10 investigaciones de hechos similares.
De esos diez expedientes, tres fueron resueltos, dos mediante resarcimiento de derechos y conciliación entre las partes y otro a través de un acuerdo de responsabilidad, al detectarse que no se cumplieron protocolos por parte de la autoridad municipal.
“En los otros siete todavía seguimos en trámite porque nos siguen aportando elementos, sobre todo las personas que presentan las quejas”.
Explicó que la política general del organismo es priorizar la conciliación, salvo en casos donde la gravedad de los hechos lo impida y se requiera de la recomendación, puesto que el objetivo principal es restablecer los derechos de las personas.
Al ser cuestionado sobre, el papel del reglamento municipal de comercio, aclaró que las autoridades pueden realizar operativos siempre y cuando su actuación esté debidamente fundamentada, pero de caer en otro tipo de actos u omisiones, o de haber incumplimiento de protocolos o excesos en el uso de facultades pueden llegar a constituirse como violaciones a derechos humanos.
“Nuestra primera función es proteger y velar porque no se violenten los derechos humanos de las personas. Y en casos como este, pues, ante cualquier duda, ante cualquier duda, sin anticipar una conclusión, procede que iniciemos la queja de oficio para que podamos allegarnos de todos los elementos”, remarcó.
Ante estas situaciones llamó al diálogo y los acuerdos, y apelar por una cultura de paz. Añadió que, aunque se establece que este tipo de hechos tiene un plazo de 6 meses de resolución, esto podría variar en función de los procesos que se sigan en otras instancias administrativas o penales, así como de la incorporación de elementos de prueba.