Los diputados de Querétaro incurrieron en un error al modificar la fórmula de distribución de recursos a los municipios establecida en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Querétaro, lo que provocó que los cambios aprobados resulten jurídicamente nulos y no puedan aplicarse en el ejercicio fiscal correspondiente.
La distribución de recursos federales a los municipios —particularmente los provenientes del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a gasolinas— está regulada por la Ley de Coordinación Fiscal Estatal, que define los criterios y fórmulas para el reparto. Hasta ahora, dicha ley establecía que el 70 por ciento de los recursos se distribuyera con base en la densidad poblacional y el 30 por ciento conforme a los ingresos propios de cada municipio.
La modificación que se hizo tuvo como objetivo redistribuir ese 30 por ciento con criterios de zonificación y pobreza municipal, con el fin de beneficiar a los municipios con menores recursos, como San Joaquín o Arroyo Seco. Sin embargo, el procedimiento legislativo no se completó correctamente.
El error consistió en que el Congreso local aprobó en una misma sesión tanto la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal como la ley que establece las bases, montos y plazos para la distribución de recursos, la cual es de vigencia anual. Al hacerlo, aplicaron de inmediato una fórmula basada en una ley que aún no había entrado en vigor, ya que toda reforma requiere ser publicada para surtir efectos legales.
La situación se agrava debido a que la propia reforma a la Ley de Coordinación Fiscal establece que su entrada en vigor será hasta el 1 de enero de 2026. Esto significa que la Ley de Bases, Montos y Plazos fue aprobada con fundamento en una norma inexistente jurídicamente al momento de su aplicación, lo que vuelve nulos los cambios en la distribución de recursos para este año.
Ante este escenario, la única vía para corregir el error es que la Legislatura local convoque a una nueva sesión antes del 31 de diciembre, a fin de rehacer el procedimiento conforme a derecho. De no hacerlo, los recursos no podrían distribuirse bajo los nuevos criterios y se generaría un problema administrativo y financiero para los municipios.