La diputada local del PT, Claudia Díaz, adelantó que en el Congreso del Estado se comenzará a trabajar en una actualización a la Ley de Participación Ciudadana, con el objetivo de fortalecer los mecanismos mediante los cuales la población pueda involucrarse de manera efectiva en la toma de decisiones públicas.
Esto al considerar que los cambios realizados, en la pasada legislatura, aunque representaron avance fue poco, por lo que aún es obsoleta ante lo que requiere la ciudadanía, ya que tiene existen vacíos y limitaciones.
“Parece que la ley viene obsoleta. Hoy ya el tema del movimiento social va avanzando de una manera muy acelerada en comparación con otras ocasiones y lo que hoy pasa es que tenemos que actualizar esta ley, tocar otros artículos que no se habían tocado y estar presentando acciones y propuestas que vayan muy fortalecidas”.
Señaló que, si bien los plebiscitos están contemplados, su aplicación ha sido demasiado flexible y, en algunos casos, sujeta a decisiones que pueden caer en la “ocurrencia”, como el cao del municipio de Querétaro, por lo que recalcó que es indispensable establecer reglas más claras que garanticen una participación consciente, informada y corresponsable entre autoridades y ciudadanía.
“Entonces, si bien es una ley que se avanzó en la actualidad, pero muy poco. Todavía hace falta que le demos una buena actualizada nuevamente a esa ley y eso es algo que entiendo que todos mis compañeros estamos de acuerdo con eso”.
Agenda legislativa para 2026
Recordó que el movimiento de la Cuarta Transformación ha impulsado de manera constante la participación social en los distintos niveles de gobierno, por lo que resulta necesario dotar a la población de herramientas legales que realmente beneficien su intervención en los asuntos públicos.
De igual forma, apuntó que en este 2026 se presentará una nueva agenda, en donde se incluyan las reformas a esta legislación, ya sea de manera individual o con el acompañamiento de legisladores de otros partidos como Morena y PVEM.
Cabe recordar que la nueva legislación, que entró en vigor el 15 de febrero de 2025, no consideró temas como la revocación de mandato y restringió que la creación de nuevos municipios sean susceptibles de plebiscitos o consultas ciudadanas.