La Fiscalía general del estado y la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Querétaro son las autoridades con más quejas tienen ante la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, esto de acuerdo con el informe anual 2025.
En ese año informado se emitieron solo 2 recomendaciones, lo que representó una baja del 81.81% respecto al año anterior, en donde hubo 11 quejas, siendo 2025 la cifra de menor número de estas, ya que, en 2023, 2022 y 2021 se emitieron 6.
En cuanto a las quejas se precisó que se registraron 315 quejas, en las cuales también se ha visto una disminución ya que en 2024 se registraron 335, en 2023 fueron 333, en 2022 se tuvieron 445 y 439 en 2021.
Dentro de las quejas, la Fiscalía General del Estado de Querétaro tuvo 91 señalamientos; la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario, 46; la Secretaría de Salud, 24; la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro, 21; la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 11; la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, 9; la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Querétaro, 7, entre otras.
En el ámbito municipal, el municipio de Querétaro concentró el mayor número de señalamientos, con 69 casos, seguido de El Marqués, con 21, Corregidora, con 14; San Juan del Río y Amealco, 6 cada uno; Arroyo Seco, 3; Tequisquiapan, Pinal de Amoles, Peñamiller, Huimilpan, Colón, tuvieron 3 cada uno.
Del total de expedientes iniciados, se identificó atención específica a 204 personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad, principalmente de niñas, niños y adolescentes en 65 casos y de personas privadas de la libertad con 59 casos. Los derechos humanos probablemente violados, con mayor incidencia, fueron: a la legalidad y seguridad jurídica (241 señalamientos); Igualdad y trato digno (83); integridad y seguridad personal (66); protección a la salud (29), entre otros.
Javier Rascado Pérez, presidente de la DDHQ, explicó que este informe no debe leerse como sumatoria de acciones, ni como número o cifras, “sino como la exposición de un método institucional y de una decisión: cómo quiere Querétaro administrar sus tensiones, cómo quiere gobernar sus conflictos, y, sobre todo, si queremos entre todas construir una política de prevención verificable”.
“Y aquí surge un dilema central: podemos pensar la protección de derechos como una acción reactiva, solamente para documentar, procesar o reparar el daño; o bien, podemos asumir que la responsabilidad del Estado y sus instituciones debe incorporar una lógica distinta: prevenir, contener, corregir y evitar la repetición para que la confianza no se erosione, que la justicia sea imparcial y que no se lastime el tejido social”, añadió.
Defendió que, desde 2022, se duplicó su alcance social, al pasar de 33 mil 852 personas capacitadas o beneficiadas con acciones de difusión a 63 mil 417 en 2025; la protección y defensa registró alza al pasar de 3 mil 527 acciones de atención y defensa en 2022 a 6 mil 341; en las supervisiones a centros de detención, unidades de salud, albergues, centros de rehabilitación y otros espacios —tanto públicos como privados— que brindan atención a grupos en situación de vulnerabilidad aumentaron de 139 a 338. Durante este año informado, se brindaron 3 mil 342 orientaciones jurídicas y se dictaron 13 medidas cautelares. Desde 2022, a la fecha, resaltó que se emitieron mil 526 resoluciones, de las cuales 59 fueron impugnadas ante la CNDH, de las cuales 54 fueron resueltas y se confirmó el sentido original.
Para concluir, hizo un llamado al Poder Legislativo para avanzar en la discusión de las agendas propuestas, al señalar que está en juego la consolidación de un modelo institucional que ha mostrado crecimiento en formación, atención y presencia preventiva en la protección de los derechos humanos.