De no haber adecuación del Código Penal de Querétaro, la Secretaría de las Mujeres analizará la ruta jurídica para armonizar las normas locales con lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de despenalización del aborto, destacó su titular Citlali Hernández.
“No descartamos buscar alguna ruta jurídica. Vamos a explorar si está en el marco de nuestras facultades, porque el legislativo es el que tiene que modificar el Código Penal, por eso convocamos al diálogo y a la sensibilidad”.
En su visita a Querétaro, señaló que no se tiene ingenuidad de que el gobierno actual es de corte conservador con los derechos de las mujeres, pero confió en que los argumentos legales puedan convencer sobre la necesidad de estos cambios y corregir el “desacato”, pero reiteró que sí se explorará el mecanismo para poder intervenir en el tema.
Añadió que se espera que el Poder Legislativo local asuma su responsabilidad y legisle en función de derechos y no de creencias personales o posturas ideológicas. Pero, adelantó que se buscará una reunión con las autoridades locales, desde el gobernador del estado, la Secretaría de Salud, fiscalía general y diputados locales. La reunión con las diputaciones locales se espera concretar antes del mes de marzo.
“El Congreso tiene que romper, como lo he dicho cada que venimos acá, las ideas preconcebidas respecto a la interrupción del embarazo, derechos sexuales de las mujeres, y siempre lo vamos a decir, a las y los legisladores les toca legislar por los derechos de las personas y no para sus creencias, y es un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el congreso ha fallado”.
Esto al compartir que en este 2026, se comenzará con una estrategia para combatir el embarazo adolescente, abuso sexual en la niñez y uniones forzadas, en el cual precisó que no se tiene alta incidencia en la entidad, pero se busca construir una estrategia regionalizada para atender estos tres rubros.
Asimismo, al reconocer que Querétaro, es uno de los estados con mayores índices de violencia familiar, explicó que es una problemática que también se observa a nivel nacional, por ello sostuvo que se han generado programas federales y la intención es trabajar estrategias para construir un proyecto para cada realidad local.
Sobre las críticas en torno al concepto de violencia vicaria, que solo aplicaría en el caso de las mujeres, aclaró que en el 90% de los casos que reciben este tipo de violencia son mujeres, y es lo que desde 2024 se estableció en la Ley de General Acceso a una Vida Libre Violencia y no se busca generar impunidad para nadie sino fortalecer las acciones afirmativas que ya están en ley.