Esa pregunta me la han hecho en la calle más de una vez. En una comida, en una reunión, en un café. Y la entiendo. Cuando uno ve necesidades cerca, cualquier peso público que va a la política puede sentirse enorme. Lo primero que quieres saber es para qué.
Justo por eso, hoy hablamos del dinero que reciben los partidos fuera de campañas. El que se entrega para su vida ordinaria y para actividades específicas.
A nivel nacional, el financiamiento público anual aprobado para partidos este año asciende a casi 7 mil 738 millones de pesos (7,737,252,697). En Querétaro, el financiamiento público local aprobado para 2026 es de casi 148 millones de pesos (147,790,723). Esto no incluye lo que se autoriza para campañas cuando llega el proceso electoral.
Entonces, ¿por qué se les da dinero cuando no hay campañas? Porque los partidos operan todo el tiempo. Tienen estructura, vida interna y obligaciones permanentes. Se organizan, capacitan, forman cuadros, sostienen oficinas, hacen formación política y cumplen reglas. No es un bono. Es una forma de sostener la competencia con un piso parejo.
México no vive en un modelo de “todo público” o “todo privado”. Es un sistema mixto. Hay financiamiento público y también aportaciones privadas permitidas, pero con límites y candados. Esto responde a un principio constitucional: cuidar la equidad y evitar que el dinero, por sí solo, decida la política. No se trata de satanizar lo privado, sino de evitar la opacidad que puede generar.
Con esto dicho, se puede discutir si el financiamiento público debe ajustarse. De hecho, está en la mesa en el debate de una eventual reforma electoral y se analiza en espacios institucionales, incluso en la comisión presidencial. Pero cualquier ajuste debe cuidar equidad y confianza. También eficacia y eficiencia: que el dinero se use para lo que fue destinado y que cada peso tenga control. En dinero y política, lo que no se entiende se sospecha.
Por eso mi apuesta principal no es solo “más” o “menos”. Es mejorar el sistema para que el dinero sea verificable y entendible. Algunas propuestas concretas:
1. Cruces de información más ágiles entre SAT, UIF, CNBV, autoridades electorales y locales para alertas tempranas.
2. Analítica e IA para revisar facturas, contratos y patrones de gasto y enfocar auditorías donde hay riesgo.
3. Trazabilidad de propaganda digital: pauta, creadores, intermediarios y pagos.
4. Proveedores con beneficiario final, para saber quién está detrás de quien factura.
5. Sanciones claras, cobrables y oportunas, con tiempos razonables.
Reducir o no reducir es parte del debate. Pero lo verdaderamente decisivo es que el dinero sea claro, rastreable y útil.
Eso es La Caja Negra.
Cuando entiendes el sistema, dejas de ser rehén de él
¿El problema es el monto… o saber en qué se gasta? Te leo en mis redes: @ddorantesqro