En una entrevista exclusiva para Publimetro Querétaro desde el Foro Diamante, Grisel Muñiz, presidenta del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), abordó temas clave sobre la reforma electoral federal, los costos de las elecciones, la transición hacia procesos digitales y los desafíos operativos de la elección del Poder Judicial.
Muñiz enfatizó la importancia de mantener los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y destacó la confianza ciudadana en las instituciones electorales locales, con un 53% de aprobación en Querétaro y una participación superior al 61%, superando la media nacional.
Sobre la reforma electoral federal, impulsada por una comisión presidencial que realizó foros abiertos desde el año pasado. Señaló que el proceso partió de un diagnóstico basado en voces ciudadanas.
“La mayoría de las voces decía no a la desaparición de los OPLES“, citó a Pablo Gómez, coordinador de la comisión, refiriéndose a argumentos como la supuesta duplicidad de funciones con el Instituto Nacional Electoral (INE).
Sin embargo, Muñiz aclaró que las atribuciones son distintas:
“Nosotros organizamos el proceso electoral local en su totalidad, con una coordinación exclusiva con el INE en temas como casillas y geografía electoral”.
Uno de los ejes centrales fue el costo de las elecciones, ligado a actividades como la instalación de 27 consejos distritales y municipales en Querétaro, donde ciudadanos asumen roles remunerados como consejeros y secretarios técnicos para garantizar la certeza en el cómputo de votos.
“Es una cadena ciudadana que no puede desaparecer, porque ha evitado conflictos postelectorales armados“, afirmó
Destacando que la confianza se refleja en altos índices de participación, como en Tolimán y Peñamiller, donde supera el 70%. Comparó esto con la baja participación en la reforma judicial (10-16% en algunas entidades), subrayando la magnitud de las elecciones tradicionales.
Sobre las boletas electorales, impresas en papel moneda con medidas de seguridad infinitas similares a cheques o tarjetas bancarias, explicó que su resguardo por autoridades de seguridad y procedimientos exhaustivos de conteo y sellado hacen “prácticamente imposible” el fraude o duplicidad. “El cuidado de las boletas es impresionante”, insistió, aunque reconoció que estos elementos elevan los costos.
La presidenta del IEEQ abogó por una transición gradual hacia procesos electrónicos para modernizar las elecciones, respondiendo a demandas de jóvenes que cuestionan filas en casillas cuando realizan trámites desde sus teléfonos. Citó el uso pionero de inteligencia artificial por el INE para leer actas, reduciendo tiempos en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).
En Querétaro, el IEEQ desarrolló un PREP propio, blindado contra “millones de ataques cibernéticos“, auditado y supervisado por expertos y representantes partidistas. “No hemos tenido una caída del PREP gracias a medidas de seguridad robustas“, dijo, aunque admitió que el blindaje implica inversiones significativas.
En el ámbito local, alertó sobre la necesidad de actualizar la Ley Electoral de Querétaro, revisada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y vigente solo hasta el cierre del proceso 2024, reviviendo entonces la versión de 2021 con distritos desactualizados. Propuso reformas para promover la progresividad en derechos políticos, como mayor paridad de género y acceso para grupos prioritarios. El proceso electoral 2026-2027 inicia en octubre de este año, con convocatorias para ciudadanos en consejos distritales y municipales.
Respecto a los plebiscitos propuestos en Querétaro y Cadereyta, no realizados por costos (más de 7 millones y 30 millones de pesos, respectivamente), la presidenta del IEEQ celebró la iniciativa de los alcaldes por consultar a la ciudadanía, pero explicó que equivaldrían al 46% de la lista nominal estatal, requiriendo boletas seguras y consejos municipales similares a una elección plena.
“Es prácticamente una elección por el tamaño de la población”, dijo
Sugiriendo explorar alternativas no vinculantes, ya que el plebiscito obliga si supera el 30% de participación. La ley actual limita solicitudes a septiembre del año electoral o siguiente, impidiendo coincidencia con jornadas electorales.
También, expresó preocupación operativa por la elección del Poder Judicial coincidiendo con la concurrente de 2027 (gubernatura, municipios, legislatura local y federal). “No pueden estar en la misma casilla porque excluye partidos políticos“, explicó, proponiendo fechas separadas para evitar dobles filas y baja participación, como en Durango y Veracruz. Criticó la complejidad de boletas y currículos, que le tomó “4 o 5 días” analizar pese a su experiencia. “Hay que darle peso al Poder Judicial, ya que impacta la seguridad jurídica de todos“, urgió, comprometiéndose a mejorar la legibilidad de boletas para futuras elecciones.