Aunque en Querétaro ya se tiene el Consejo Consultivo del Agua, colectivos piden que ley estatal de aguas tenga una Contraloría Social, que sea ciudadana, independiente, autónoma y democrática, ya que el consejo, actualmente, solo está integrado por perfiles designados por el Ejecutivo Estatal.
Esto como parte de los avances que se tienen para la creación de una iniciativa de ley, la cual se proyecta que sea presentada a mediados del mes de marzo.
Bernardo Romero Vázquez, exconsejero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, resaltó que, en México y en el estado, las leyes y las normas no consideran al agua como un derecho humano, lo que implica la participación ciudadana, sin embargo, acusó que en todas las instancias los representantes ciudadanos son nombrados por la autoridad estatal.
“La Ley General de Aguas no tiene lo que nosotros pensamos, lo que la sociedad civil demandamos. ¿Qué nos queda? Pues una ley estatal, que realmente respete el derecho humano al agua”.
Por ello, de Awita, vida y territorio, expresó que la contraloría social busca tener la capacidad de vigilancia, pero también de fiscalización, ya que actualmente, no se puede acceder a la información, y en el Consejo Consultivo solo están las voces empresariales.
“Seguramente se va a descalificar por el gobierno estatal, porque hay mecanismos como en Consejo Consultivo, pero en esos mecanismos predominan las voces empresariales, y personas designadas de dedazo por el gobierno y sin ningún mérito”.
En este mismo sentido Eric Silva y Andrea Tovar, precisaron que la ley no puede verse solo desde el punto de vista económico, sino que también desde “una visión sustentable, histórica y de servicio a la gente, especialmente para quienes más lo necesitan”. Este proyecto, reconocieron que, de manera indirecta cerrará la puerta a futuros proyectos como El Batán, ya que al reconocer el derecho humano la disponibilidad del vital líquido será para consumo humano, evitando que se considere el agua de reúso para este fin.
Sin embargo, indicó que hay consensos en temas como: terminar con la concesión privada del servicio de agua potable; establecer un mínimo vital de 100 litros diarios de agua por persona, independientemente de la capacidad de pago; reformar el sistema de precios; protección de cuencas, acuíferos y zonas de recarga, creando planes de gestión de cuencas y microcuencas; una contraloría social; reconocer la gestión comunitaria del agua; protección de la Salud pública y prohibir el uso de aguas residuales para consumo humano; implementar ecotecnias y separación de aguas grises y pluviales en todos los sectores; combate a las pérdidas e irregularidades; implementar un Sistema Estatal de Información del Agua; gestión integral de riesgos hidroambientales, por mencionar algunos.
Por lo cual invitaron a que quienes tengan propuestas y proyectos participen en la creación de este documento, que está en su etapa final, por lo que está a disposición el correo seguimiento2030@gmail.com.