La diputada del Partido del Trabajo Claudia Díaz Gayou presentó una nueva propuesta de reforma judicial en la LXI legislatura local, quien explicó que esto es para evitar que solo se discuta una reforma “a modo”, como se considera a la propuesta del gobernador del estado, que se ingresó el pasado 3 de febrero.
Uno de los aspectos centrales de esta nueva propuesta es que la elección de jueces y magistrados quedé establecido en la Constitución, con requisitos para ello y no dejarlo en leyes secundarias, ya que el hacerlo de esta manera posibilita que puedan modificarse con mayor facilidad a “conveniencia” o por “acuerdo político”.
“Nosotros queremos una reforma que quede en la constitución íntegra y completamente y no pasar a leyes secundarias lo que dicen que debería de ser leyes secundarias cuando el espíritu dice que tiene que venir en la constitución”.
Esto, al recordar que las iniciativas impulsadas por la 4T en febrero de 2025, ya fueron dictaminadas y aunque están listas para subirse al Pleno, genera dudas de que solo se pretenda discutir la propuesta del Ejecutivo. Además, precisó que esta reforma impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador se hizo desde la Constitución para blindar todo el proceso.
Por ello, compartió que se busca fijar que habrá 13 magistrados; establece los requisitos y restricciones para aspirantes, impidiendo que gobernadores, legisladores, dirigentes partidistas u otros altos funcionarios puedan contender; eliminar privilegios como haberes de retiro; garantizar que el órgano de administración judicial sea electo después de la renovación de jueces y magistrados, y no antes; definir que el periodo sea de nueve años; regulación de los métodos alternativos de solución de controversias, especialmente el arbitraje, para evitar que se utilice en beneficio de élites económicas.
“Vamos a tener este ojo clínico para que no sea Querétaro secuestrado por las élites y por las familias del poder que están actualmente, y que estos métodos en materia de arbitraje cumplan con los requisitos de justicia, de equidad y de transparencia, porque tenemos que vigilar que no se obligue al consumidor a tener el arbitraje a conveniencia del corporativo o de la persona que quiera poner a cargo. No puede haber cláusulas firmadas bajo ignorancia, no puede haber renuncia anticipada de los derechos y que esto sea el único tutelar en que la justicia no se privatice con un arbitraje como método de solución alternativo”, resaltó.
Recordó que una reforma constitucional requiere 17 votos del Congreso y la aprobación de 12 ayuntamientos, mientras que una ley secundaria puede cambiarse con mayoría simple, pero alertó que la derecha quiere una reforma débil, para modificarla a futuro, pero subrayó que la transformación no es un “ajuste administrativo”, sino cambio de régimen, por lo que se espera que se sumen legisladores de Morena y PVEM.