Un juez federal en la Ciudad de México desechó el caso del desvío de 320 millones de pesos que supuestamente se había cometido en la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) durante el rectorado de Gilberto Herrera.
Fue durante la madrugada del miércoles 25 de febrero cuando Gustavo Aquiles Villaseñor, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, dictó auto de no vinculación a proceso en favor de todos los investigados con efectos de sobreseimiento, toda vez que los delitos no se cometieron.
El hoy diputado federal por Morena, Gilberto Herrera, celebró la resolución y aseguró que los señalamientos se cometieron “con tintes políticos”.
Además, acusó al gobierno estatal de haber estado detrás del caso para manchar su reputación, así como la de la casa de estudios.
“Se logró comprobar que fue falsa totalmente la acusación de que se había hecho de un desvío de 320 millones en la Universidad Autónoma de Querétaro durante mi rectoría, quedó claro que fue una mentira total que existiera una estafa maestra en la universidad”, dijo.
Herrera Ruíz, quien dirigió la UAQ entre 2012 y 2018, defendió su periodo al frente de la institución, al aseverar que durante su gestión se colocó a la universidad dentro de las mejores 10 universidades públicas del país y dentro de las seis mejores en posgrados. Además, llamó a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación a seguir apoyando con recursos a la universidad queretana, una vez resuelta la controversia.
“Felicito a estos universitarios que defendieron la universidad de un juicio malo, malamente diseñado y malamente puesto ahí, y que han podido recuperar lo que la universidad es. Sobre todo, a todos los queretanos, que sepan que la universidad trabaja bien”, concluyó.
Cabe recordar que fue en enero del año pasado cuando José Alejandro Ramírez, ex contralor de la UAQ durante el rectorado de Gilberto Herrera, denunció públicamente una serie de irregularidades en el manejo de recursos provenientes del extinto Conacyt, Banobras y Fonacot por 320 millones de pesos.
La denuncia había sido presentada desde 2020 ante la Fiscalía General de la República, la cual llamó a comparecer a diversos funcionarios de la universidad que aparecían en los convenios firmados y en las gestiones internas de adjudicación, contratación y seguimiento de los recursos asignados. Al final, no se pudo acreditar delito alguno.