La abogada Mónica Huerta Muñoz, reprochó presuntos actos de corrupción en el caso de Athos y Tango, perros de rescate que fueron envenenados en 2021, por lo que se presentarán quejas y denuncias contra tres funcionarios judiciales, además de que se buscará llevar este caso a instancias internacionales (Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos) para que se condene al Estado mexicano por la simulación que se hizo en la ejecución.
Esto luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó el recurso de revisión interpuesto por una resolución que reduciría de manera considerable la sanción original, tras la solicitud de amparo por parte del responsable de estos actos.
Estas acciones se interpondrán ante instancias disciplinarias, a lo que se suma una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos por presuntas violaciones al debido proceso en favor del dueño de los animales.
“Advertimos algunas conductas extrañas por las cuales creemos que existen posibles actos de corrupción y pues vamos a ver con el comité disciplinario si tienen alguna conducta que tenga que ver con hechos de corrupción. Los dos primeros son magistrados, el ponente del segundo proyecto aquí en el Tribunal Colegiado de Querétaro y el tercero es el ministro que desecha el recurso”.
Huerta Muñoz, detalló que el magistrado encargado de este recurso no realizó un análisis de fondo y lo rechazó bajo el argumento de que no implicaba temas de constitucionalidad, pero el proyecto dijo que contenía errores básicos, como los nombres, con lo que se da cuenta de la falta de seriedad y estudio.
“Hay una discriminación en la aplicación de la norma cuando se trata de animales y aquí es un claro ejemplo, ni siquiera se ocuparon de entrar al estudio. Y bueno, es más bien el último recurso del proceso, pero tenemos todavía la posibilidad de presentar un recurso de inejecución de sentencia para que la Suprema Corte revise si la primera resolución se aplicó o no, que no se aplicó, esa es la realidad y tendrán que resolver sobre este incidente”.
Enfatizó que este caso es importante para el país, ya que no solo se reduce el castigo, sino que envía un mensaje negativo en materia de protección animal, al no garantizar sanciones efectivas, quedando en impunidad, ya que la sentencia está sustentada con pruebas científicas y objetivas con 38 órganos de prueba, pero en donde no se aplican las disposiciones de ley.
Cabe recordar que la sanción inicial fue de 10 años y 6 meses de prisión y más de 2.1 millones de pesos por reparación del daño, pero ahora podría ser sustituida por una multa.