La reforma constitucional judicial, aprobada en comisiones en el Congreso local, cumple en un porcentaje muy amplio con las bases y principios de la reforma federal, destacó Braulio Guerra Urbiola, presidente del Tribunal Superior de Justicia en el estado.
Sin embargo, ante resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalidaron leyes judiciales en Durango, Nayarit y Guerrero, advirtió que todo es susceptible de revisión.
“Y la Corte siempre podrá calificar si hay algo que se desapegue a las bases de la Constitución Federal, siempre correrá el riesgo. A nosotros nos parece que en muchas cosas esta reforma, la de Querétaro, está alineada con la reforma federal”.
Destacó que en este documento se agrega la mediación y los mecanismos alternativos de solución de conflictos dentro de la Constitución, por lo que la conciliación será un factor clave para evitar que todos los casos lleguen a juicio.
Esto al celebrar que se hayan alcanzado acuerdos para avanzar en el tema; no obstante, apuntó que el reto mayor vendrá en las leyes secundarias, donde será necesario actuar con cuidado técnico y precisión.
“En las reformas reglamentarias, ahí se esconde el diablo, es decir, ahí están los detalles, las minucias, hay que ser muy técnicos para que el Poder Judicial funcione a partir del 2027”.
Remarcó que se trata de un escenario inédito, ya que por primera vez se contempla la votación de jueces y magistrados, así como la creación de un tribunal de disciplina y un órgano de administración, por lo que será un modelo a prueba con áreas de oportunidad.
En este sentido, ante la votación prevista para este viernes, se dijo respetuoso del trabajo legislativo, pero insistió en que la reforma debe centrarse en la ciudadanía.
“Desde luego queremos que los legisladores piensen en la impartición de justicia en la gente que reclama un derecho en Querétaro… esto no tiene que ver con los funcionarios judiciales, que estamos de paso”.
Agregó que, como Poder Judicial, han defendido los derechos adquiridos del personal, y reconoció que el Congreso haya sido respetuoso con las mil 600 personas que laboran en la impartición de justicia.