El Sistema Estatal DIF en Querétaro atiende en promedio 50 casos de violencia o conductas de riesgo al mes entre estudiantes, tanto dentro como fuera del entorno escolar. Así lo reveló el procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Manuel Hernández Rodríguez.
De acuerdo con el funcionario, el registro incluye casos de abuso sexual, así como violencia física o psicológica, que son cometidos dentro de las escuelas o por padres de familia. De igual forma, indicó que se atienden casos de autolesiones o ‘cutting’, relacionadas con la depresión o actos de violencia intrafamiliar.
“Damos atención inmediata en el caso que lo amerita, estamos tocando prácticamente más de 40 asuntos de manera mensual del tema educativo, sea violencia externa, interna o cualquier suceso que se llegue a suscitar en nuestras infancias en las escuelas. Son aproximadamente 40 ó 50 casos”, dijo.
Hernández Rodríguez aseguró que el 100% de los casos son atendidos mediante instancias psicojurídicas, ya que son canalizados directamente por la Unidad de Servicios para la Educación Básica, así como por la Dirección de Educación de la Secretaría de Educación.
En los casos que se tratan de delitos, explicó que se inician carpetas de investigación a través de la Coordinación de Representación Jurídica para dar acompañamiento legal a las víctimas y a sus padres.
Para el caso de que los agresores sean los padres, apuntó que la procuraduría interviene mediante figuras de acompañantes coadyuvantes, mientras que los menores son resguardados en el centro de asistencia social Carmelita Ballesteros.
“Aquí lo importante es que, una vez que vemos una situación de violencia sexual, es iniciar carpeta de investigación de manera inmediata, además del acompañamiento terapéutico que esto implique”, sostuvo.
En cuanto a este albergue, el procurador señaló que en 2025 recibió en resguardo a un total de 567 menores, de los cuales 266 (el 47%) fueron identificados con alguna conducta de riesgo, ya fueran secuelas por abuso sexual o físico, afecciones mentales o adicciones.
Además, señaló que los ingresos aumentaron 20% en comparación con el 2024, cuando se resguardaron a 471 menores, de los cuales el 55% presentaron alguna conducta de riesgo.
De acuerdo con sus estimaciones, el 4% de los menores llega al albergue por abuso sexual, 8% por violaciones, 28% por violencia familiar, 41% por omisión de cuidados y el resto por conflictos legales.