La Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGE) buscaría revertir la decisión del juez de Control encargado del caso del accidente en Amealco, para que el conductor enfrente prisión preventiva por la muerte de 10 personas. Así lo reveló el secretario de Gobierno, Eric Gudiño.
Luego de que en la audiencia inicial, el juez no dictaminara prisión preventiva para el chofer de la empresa Amealcenses por no considerar riesgo de fuga, el funcionario estatal adelantó que el órgano judicial solicitará una revisión de la medida cautelar, a petición de varias de las víctimas.
“Seguramente la fiscalía estará haciendo la solicitud, pero es un tema que le corresponde directamente al Poder Judicial, es un juez de Control en San Juan del Río quien determinó que no había la posibilidad de escaparse. Sin embargo, platicando también con el presidente magistrado, Braulio Guerra, decía que hay las condiciones para que se mantenga aquí. Vamos a esperar cuál va a ser la decisión”, dijo.
En cuanto a los lesionados, Gudiño Torres informó que uno de ellos permanece en condición grave, por lo que será trasladado vía aérea a un hospital en la Ciudad de México para recibir atención especializada; cinco personas continúan internadas en estado moderado, mientras que otras 19 ya fueron dadas de alta.
Señaló que la empresa Amealcenses sigue sin pagar las indemnizaciones y gastos médicos a las víctimas, por lo cual anunció que su secretaría las apoyará con servicios de abogados particulares, para que puedan exigir celeridad en los pagos por la vía legal.
“Hay familias que, desgraciadamente, derivado del accidente se quedaron sin el papá, hay niños que se quedaron sin su mamá y necesitamos apoyarlos. A la empresa ya se le hizo de conocimiento está información, por supuesto que le vamos a exigir”, sostuvo.
Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Braulio Guerra, explicó que el juez de Control decidió no dictar prisión preventiva al chofer, bajo el argumento de que no huyó del lugar del siniestro. Por ello, sostuvo que la FGE y las víctimas deberán fundamentar bien su apelación para obtener la modificación de la medida cautelar.
Además, informó que el caso tendrá cuatro meses de investigación complementaria previo a la audiencia intermedia.
“La fiscalía y las víctimas de este acontecimiento lamentable tienen el derecho de inconformarse de acuerdo a los procedimientos que se tienen. Nosotros desde la presidencia y el Consejo de la Judicatura estaremos siempre mandando el mejor mensaje de sensibilidad en la técnica jurídica”, agregó.