Plácido “N”, conductor del autobús de Amealcenses que se accidentó y dejó 10 personas fallecidas en Amealco, enfrentará su juicio en prisión preventiva, luego de que un juez de Control modificara su medida cautelar. Así lo dio a conocer la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGE).
Inicialmente, el juez asignado al caso en San Juan del Río había decidido que el chofer enfrentara el proceso en libertad, al no considerar riesgo de fuga, bajo el argumento de que el imputado no huyó del lugar tras el siniestro.
Sin embargo, la fiscalía solicitó una modificación a la medida cautelar a petición de los familiares de las víctimas, y tras exponer diversos elementos jurídicos y de riesgo procesal en una audiencia, logró que el juez revirtiera la medida para decretar prisión preventiva justificada al sujeto.
“Con esta determinación judicial, el imputado enfrentará el proceso privado de la libertad, garantizando su comparecencia ante la autoridad y la protección de las víctimas”, mencionó el órgano judicial en un comunicado.
La FGE subrayó que el conductor se encuentra vinculado a proceso por el homicidio culposo de 10 personas, así como por provocar lesiones dolosas a otras 26. Además, recordó que el juez otorgó cuatro meses de investigación complementaria antes de la audiencia intermedia.
Cabe recordar que el accidente ocurrió el pasado 22 de abril, cuando la unidad de transporte suburbano se impactó contra un árbol sobre la Carretera Estatal 310 a la altura de la comunidad de La Muralla. En la unidad viajaban 36 personas —incluyendo al conductor—, de las cuales 9 murieron en el sitio, una más en el hospital, y 25 fueron hospitalizadas.
De estas últimas, una fue trasladada el pasado martes al Hospital de Traumatología y Ortopedia “Lomas Verdes” del IMSS, debido a la gravedad de sus lesiones; cinco permanecen internadas en hospitales de la entidad, en condición moderada; y 19 fueron dadas de alta.
De demostrarse su culpabilidad, Plácido “N” podría enfrentar hasta 12 años de prisión por cada una de las víctimas mortales y hasta 7 años por cada uno de los lesionados, según el Código Penal del Estado.