El desconocimiento de los derechos humanos de los legisladores y autoridades estatales han “frenado” el avance de la ley de Identidad de Género en Querétaro, sostuvo el exombudsperson y especialista en derechos humanos, Miguel Nava Alvarado, ante el debate que existe en el Congreso local sobre las modificaciones al Código Civil del estado.
Lamentó que el Poder Legislativo y Ejecutivo solo se estén “tirando la bolita” y que existan negociaciones de partidos de oposición, ya que esto impide el avance de estas reformas.
Expuso que el gobernador desconoce la propuesta, ya que no se involucra a menores de edad, sin embargo, también resaltó que la Constitución estipula en su artículo el principio de progresividad de derechos, además de resaltar que está prohibida la discriminación, enfatizando la identidad, estado civil, estado de salud, situación económica, o preferencia sexual, entre otras.
“Creo que es un reto enorme que no van a poder sacar en esta legislatura porque se están tirando la bolita entre Ejecutivo y Legislativo y hay negociaciones, penosamente, de partidos de oposición”, criticó.
En particular, sobre las y los legisladores, señaló que tienen tres funciones y que muchas veces no las conocen: creación legislativa, supervisión y auditoría del gasto público y la responsabilidad política, a través del juicio político, el cual nunca se ha aplicado, pese a que violar derechos humanos podría generar responsabilidad, pero reprochó que en Querétaro no se reconozcan ni a las víctimas de ello.
En este contexto, subrayó que los colectivos deben seguir insistiendo en el ejercicio de sus derechos, ya que solo se les está “entreteniendo”, puesto que, si se recurre al amparo, se ganaría el trámite administrativo para el cambio de identidad.
En tanto en el Congreso local, el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia Guillermo Vega, adelantó que la próxima semana se presentará un cronograma de trabajo para revisar las observaciones del gobernador.
En esta revisión, comentó que habrá apertura para recibir observaciones, tanto de legisladores como sociedad civil, y al igual que en la primera votación dijo que se garantizará que no se “congelará ni pateará” el tema a futuro, por lo que no debería haber desconfianza al trabajo de la comisión.
Para garantizar que la interpretación de las observaciones es estrictamente jurídica y no partidista o ideológica se podría convocar a facultades de derecho u organismos defensores de Derechos Humanos.