La Oficina Nacional de Investigación de Hungría detuvo en Budapest a un hombre de 30 años bajo cargos relacionados con la obtención ilegal y almacenamiento de partes corporales.
El arresto aconteció tras recibir una denuncia anónima que alertaba sobre la presencia de restos biológicos tanto en la residencia del sospechoso como en las instalaciones del centro hospitalario donde se desempeñaba laboralmente en calidad de celador.
Durante la inspección de su vivienda y vehículos, los agentes policiales confiscaron cráneos, una pierna completa, una mano y una reconstrucción facial confeccionada con piel humana. Adicionalmente, localizaron diversos fragmentos óseos ocultos en una maleta y un corazón preservado dentro de un frasco, elemento que actualmente es objeto de peritajes forenses para determinar si su procedencia es humana o animal.
Las autoridades también incautaron ordenadores, tabletas y teléfonos móviles con el objetivo de analizar las conexiones del detenido y expandir las líneas de investigación.
Fuentes policiales indicaron que el imputado confesó su fuerte atracción por la anatomía durante los interrogatorios, admitiendo además la preparación de alimentos con dichos restos para consumo propio. Las indagatorias preliminares apuntan a que el individuo extraía las piezas de cementerios abandonados situados en los territorios de Hungría y Eslovaquia, complementando su colección con material sustraído del hospital.
Asimismo, el detenido declaró que compartía estos intereses con sus familiares y amigos cercanos, y que solía registrar fotográficamente los elementos acumulados.
Al no existir indicios que lo vinculen con delitos de homicidio, el proceso judicial se fundamenta en las normativas del Código Penal húngaro respecto al uso ilícito del cuerpo humano. La Sección 175 de dicha legislación tipifica como delito grave la adquisición y tráfico ilegal de cadáveres, órganos o tejidos. Aunque la pena base contempla hasta tres años de cárcel, la condición de empleado del sector salud del acusado actúa como un agravante legal, elevando la posible condena a un rango de entre uno y cinco años de prisión.
La fiscalía evalúa cargos adicionales por profanación y vandalismo en sitios de entierro según la Sección 371 del código, lo cual sumaría sanciones aplicables por daños a tumbas. Por el momento, el tribunal correspondiente dictaminó el ingreso del sospechoso a un régimen de libertad condicional bajo estricta supervisión judicial, mientras los peritos forenses culminan los análisis de la totalidad de los restos óseos y orgánicos incautados.