Dos residentes de California presentaron una demanda colectiva contra StubHub en un tribunal federal de Manhattan. El recurso legal exige un mínimo de cinco millones de dólares en daños debido a la cancelación masiva de entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los demandantes, Reuben Renteria y Julie Reeker Moghal, adquirieron sus accesos en la plataforma de reventa y quedaron fuera de los estadios.
Renteria desembolsó dos mil 294 dólares por dos boletos para el encuentro entre México y Corea del Sur el 18 de junio. Al viajar a México, supo que el pedido fue cancelado. Aunque recibió el reembolso del dinero una semana después ante sus quejas constantes, perdió los recursos invertidos en transporte y hospedaje.
Por su parte, Moghal gastó mil 905 dólares por tres entradas para el partido de Suiza en el estadio SoFi de Los Ángeles. Tras recibir el aviso de cancelación, la compañía argumentó fallas en la validez y prometió soluciones de última hora que incumplió; al momento de la demanda, continuaba sin reembolso.
Estos casos evidencian un problema generalizado. Sergio Enrique Alvarado Montalvo invirtió mil 700 dólares en entradas para llevar a sus padres desde México a Dallas para el juego de Argentina contra Austria. Su gasto total rozó los seis mil dólares, pero la plataforma le notificó un día antes que el vendedor no poseía los pases y negó opciones equivalentes.
El origen del conflicto radica en el speculative ticketing, donde vendedores no verificados comercializan entradas que aún no tienen, esperando conseguirlas a menor costo. Si el precio sube, incumplen la entrega para revenderlas más caras. Dado que todo boleto del torneo requiere la aplicación oficial de la FIFA, las cancelaciones derivaron en mutuas acusaciones entre ambas empresas.
StubHub adjudicó los inconvenientes a fallas en el desempeño del sistema de la FIFA y defendió la cobertura de su garantía FanProtect. La FIFA rechazó tal postura, sosteniendo que su plataforma opera con confiabilidad y que los incidentes en mercados secundarios son ajenos a su gestión.
Expertos y reguladores documentan cientos de quejas durante la competencia. Renteria y Moghal recurrieron a la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, mientras que en Canadá, la fiscalía general de Columbia Británica comenzó una investigación formal sobre el caso.