La paz en Yucatán es un mito que se ha logrado legitimando los abusos policiales, concluye un estudio elaborado por el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede).
Este estudio que lleva por título ‘La paz como mito: el insostenible modelo de seguridad en Yucatán’ precisa que la entidad es una de las más seguras del país, pero su Secretaría de Seguridad Pública se ha caracterizado por ser una recurrente violadora de derechos humanos.
Por ejemplo, de 2008 a 2020 la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) ha emitido 106 recomendaciones por violaciones a derechos humanos en contra de la Secretaría de Seguridad Pública.
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No obstante, existen dos graves problemas, señala el estudio, el primero es que en las recomendaciones utilizan eufemismos y las violaciones a derechos humanos no se nombran como deberían; por otro lado, no existe un mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones.
De la información disponible en las recomendaciones emitidas por la CODHEY se desprenden 65 casos de detenciones ilegales y/o arbitrarias que se cometieron con violencia, 18 casos de detenciones ilegales y/o arbitrarias en las que se cometieron actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes; además de dos casos de tortura y ocho de lesiones durante detenciones.
Entre las prácticas comunes de tortura se encuentran la privación sensorial, los golpes, asfixia mecánica, simulacros de ahogamiento, choques eléctricos, quemaduras, aplicación de sustancias irritantes, forzamiento de posturas incómodas, desnudez, privación de alimento y agua, así como colgar a las víctimas por largos periodos de tiempo.
Se coacciona a los detenidos
Por otro lado, se señala que constantemente se coaccionaba a las personas para dar información, aceptar su culpabilidad o inculpar a otras personas por la comisión de los delitos de robo, robo a casa habitación, narcomenudeo y violación sexual.
Casede señala que con estos datos es innegable que a pesar de las cifras positivas en la incidencia de delitos, existen problemas importantes en el modelo de seguridad pública de Yucatán.
“Hace falta una perspectiva integral de seguridad que reconozca la importancia de la protección y respeto a los derechos humanos. En este documento de trabajo hemos revisado elementos que desmitifican el discurso de paz empleado por el gobierno de Yucatán para legitimar su estrategia de seguridad. El caso que ha provocado más notoriedad es el asesinato de José Eduardo Ravelo”.
— Informe de Casede
Cabe recordar que hace unos días la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) precisó que sí hubo tortura en este caso, el cual fue vitalizado en redes sociales. La detención, abuso sexual y posterior tortura de este adolescente, le provocaron la muerte en julio de 2021.
De igual forma, en el documento se destaca que este tipo de acciones ilegales no son necesarias para garantizar la paz, en consecuencia, aunque en términos relativos sus índices de paz pueden llevar a ver a Yucatán como un modelo en materia de seguridad, mucha más atención habría que poder a lo que ocurre en ese estado.
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“Hay pocas fuentes de información oficial sobre las violaciones a derechos humanos, lo cual evidencia un doble problema. Primero, no existe una voluntad institucional de documentar y rendir cuentas sobre las violaciones a derechos humanos en el ejercicio de las funciones de seguridad pública; por otro lado, la falta de datos claros y actualizados impide dimensionar el problema y tomar medidas para actuar en consecuencia”.
— Informe de Casede
