El destino de la justicia en México se define en Mérida. Hoy, lunes 18 de agosto a las 17:00 horas, el Tribunal Colegiado Primero de Enjuiciamiento emitirá un fallo clave en el mediático caso entre los empresarios Castilla Roche y Ponce García.
La sentencia no solo impacta a la región, sino que podría sentar un precedente a nivel nacional sobre la prescripción penal, la validez de los poderes notariales y el peso de los testimonios sin pruebas sólidas.
La expectación es tal que se ha solicitado la atención de autoridades federales como la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum; de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) siguen de cerca el desenlace.
El caso, reabierto de forma inusual en Yucatán, tiene varias aristas que llaman la atención. La querella se presentó en 2015, después de que el plazo legal de un año ya había concluido en 2014, un detalle que podría significar que la acción penal prescribió.
Además, las operaciones se realizaron con un poder notarial de 2004, cuya vigencia se confirmó con constancias oficiales, desmintiendo la idea de una representación inexistente.
Durante el juicio, los dichos de los testigos presentaron contradicciones y no estaban respaldados con documentos, un factor que eleva el estándar de prueba para una condena.
Este escenario hace que la decisión del Tribunal sea un ejercicio de precisión. El juzgado deberá determinar si las declaraciones, por sí solas, son suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia de Castilla Roche o si, por el contrario, son pruebas endebles que no justifican una condena.
Un punto que complica más el panorama es el hecho de que el caso ya tuvo tres resoluciones favorables en Quintana Roo, pero se reabrió en Yucatán con el inusual argumento de que el delito “se planeó en un avión”.
Si el Tribunal reconoce la prescripción conforme a derecho, la validez del poder y la insuficiencia de prueba material, enviará un mensaje de seguridad jurídica claro para toda la ciudadanía.
Si, por el contrario, minimiza estos elementos sin una argumentación sólida, se abrirá un debate nacional sobre el debido proceso. Un fallo sin sustento podría ser motivo de impugnaciones y abrir la puerta a un futuro de litigios complejos.
“El fallo operará como referencia sobre los límites del derecho penal ante controversias intrafamiliares que podrían ventilarse por otras vías”, señalan los documentos del expediente, lo que refuerza el impacto de esta decisión.
El desenlace del juicio no solo definirá la situación de dos empresarios, sino que delineará los límites del derecho penal en conflictos privados y sentará un precedente que será analizado en todos los rincones del país.
Es un momento crucial que, en pocas palabras, pondrá a prueba la solidez del sistema de justicia en México.