El Congreso del Estado exhortó a la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial para que informe si el fraccionamiento la Cucursola, en la Sierra de Santa Rosa, cuenta con los permisos necesarios, si está afectando el medio ambiente y si no hubo actos de corrupción con el gobierno municipal para su construcción.
La Cucursola ha sido denunciado porque dejaría sin agua a la presa de Peralillo y a los habitantes de Santa Rosa, también tendría impacto ambiental en la flora y fauna local. De su construcción solo es visible sus altas bardas que fueron levantadas rápidamente en la Sierra y que evitan su vista al interior.
El diputado Ernesto Millán Soberanes, integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA, formuló un punto de acuerdo también para que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial informen si han iniciado alguna investigación sobre dicho fraccionamiento y, en su caso, los avances.
Denuncias de daño ambiental desde 2019
En las consideraciones de la propuesta refirió que desde el año 2019, la entonces delegada de la comunidad de Santa Rosa, en Guanajuato capital, inició la defensa de la conservación de la Sierra de Santa Rosa y el suministro de agua para su comunidad y de todas las demás enclavadas en ese pulmón del estado.
Comentó que la construcción del fraccionamiento avanzó con el aval del gobierno municipal sin consultar a los habitantes y en complicidad con el entonces delegado y los integrantes del Comité Rural del Agua, que firmaron un convenio para ceder el líquido para la construcción y operación del desarrollo, el cual no contaba ni cuenta con el aval ni permisos de la SEMARNAT ni de la Procuraduría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, necesarios para el cambio de uso de suelo y lotificación del desarrollo.
“La preocupación de los habitantes de la sierra no es infundada, este fraccionamiento pretende extraer agua de la Presa de Peralillo, espacio que además de ser un espacio de captación de agua, sirve como centro de desarrollo familiar, para actividades deportivas y recreativas, así como de espacio de desarrollo económico y turístico de la zona”
— Ernesto Millán Soberanes, diputado local
Con la información oficial y pública que existe hasta el momento, su legalidad no ha sido comprobada, ni la existencia de los permisos necesarios de los tres niveles de gobierno para que se pueda realizar un desarrollo residencial de esa magnitud en la Sierra de Santa Rosa, que es área natural protegida.
El fraccionamiento es propiedad de una empresa originaria de Irapuato, cuyo representante legal es el ex de la propiedad mercantil Loma de Irapuato, S.A de C.V y su representante legal es el exdiputado del PAN, Fernando Ascencio Barba.
