En medio del debate nacional sobre los límites entre la libertad de expresión y la exaltación del crimen organizado, el Congreso de Guanajuato analiza una propuesta para sancionar penalmente la apología del delito y la incitación a la violencia en eventos públicos. La iniciativa fue presentada por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ya fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis.
La reforma plantea adicionar un capítulo al Código Penal estatal titulado Provocación de un Delito y Apología de este o de Algún Vicio, con el fin de establecer consecuencias para quienes exalten o celebren públicamente actos delictivos, inciten al consumo de drogas o promuevan la violencia.
¿Qué propone la reforma?
De acuerdo con el texto, quien provoque públicamente a cometer un delito o haga apología del mismo, de un vicio o incite a la violencia, podrá ser sancionado con hasta 180 jornadas de trabajo comunitario, si el delito no llega a concretarse. En caso contrario, se le aplicaría la pena correspondiente al delito cometido, de acuerdo con su grado de participación.
La medida también contempla que las autoridades estatales o municipales que autoricen eventos públicos tengan la facultad de presentar denuncias penales cuando en estos espacios se realicen este tipo de actos de manera pública y generalizada.
Narcocultura y espectáculos bajo la lupa
El diputado Alejandro Arias Ávila, promotor de la iniciativa, explicó que la propuesta responde a un fenómeno cada vez más visible en todo el país: el culto a figuras del narcotráfico en espectáculos, principalmente musicales, y su impacto en la juventud.
“Es momento de actuar en Guanajuato con acciones legislativas que contengan esta subcultura que se sigue extendiendo”, dijo.
Casos como el cancelado concierto de Fuerza Regida en Chihuahua, o las controversias por narcocorridos en otras entidades, han alimentado la discusión sobre si este tipo de expresiones constituyen un acto cultural o una apología del delito. En ese contexto, Guanajuato se suma al debate con una propuesta que buscaría dotar a las autoridades penales de herramientas para sancionar estos discursos, más allá de las sanciones administrativas que ya existen.
