En sesión de la Comisión de Salud Pública del Congreso del Estado, legisladoras y legisladores aprobaron un dictamen en contra de dos propuestas que buscaban ampliar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la interrupción legal del embarazo.
Las iniciativas planteaban que fuera obligación del Estado garantizar estos servicios a todas las mujeres y personas gestantes como parte del sistema de salud pública, así como reconocer el derecho a la autonomía reproductiva en la legislación estatal.
¿Qué se propuso y qué se rechazó?
Una de las iniciativas pretendía reformar la Ley de Salud de Guanajuato para incluir el acceso al aborto legal como un servicio médico garantizado. La otra, buscaba reconocer el derecho a decidir sobre el propio cuerpo en temas reproductivos y establecerlo como una obligación estatal.
Ambas fueron rechazadas en comisión con un dictamen en sentido negativo, lo que significa que no serán discutidas ni votadas por el Pleno del Congreso, al menos en esta legislatura.
Voces a favor de la reforma
Durante la sesión, el diputado Antonio Chaurand Sorzano expresó su desacuerdo con el rechazo, argumentando que el aborto es una realidad cotidiana en México —legal o ilegal— y que la legislación actual obliga a muchas mujeres a acudir a procedimientos clandestinos y de alto riesgo.
“Penalizar el aborto no evita su práctica. Al contrario, provoca que se realice en condiciones inseguras que pueden poner en riesgo la vida de las mujeres”, señaló.
El legislador también advirtió que el aborto inseguro es una de las principales causas de muerte materna en el país y que atenderlo desde un enfoque de salud pública podría prevenir complicaciones físicas, psicológicas y económicas tanto para las mujeres como para los sistemas de salud.
¿Qué implica esta decisión para Guanajuato?
Con este dictamen, Guanajuato mantiene una de las posturas más restrictivas del país respecto a los derechos sexuales y reproductivos. A diferencia de otros estados donde el aborto es legal hasta las 12 semanas de gestación, en Guanajuato solo se permite en casos de violación o riesgo de muerte para la madre.
Esto limita el acceso a servicios médicos seguros para quienes deciden interrumpir un embarazo, obligándolas a buscar alternativas fuera del estado o recurrir a métodos inseguros.
