La asociación civil Chicas BiLess, con respaldo de Movimiento Ciudadano, presentó este lunes una solicitud formal de Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado contra el estado de Guanajuato, tras el reiterado rechazo legislativo a despenalizar el aborto y las cifras crecientes de criminalización hacia mujeres que ejercen su derecho a decidir.
La petición fue entregada a la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México por la activista Lucía “Wera” Limón, representante legal del Centro de Atención Integral a la Diversidad Sexual (CAIDS), quien aseguró que el Estado ha optado por “criminalizar antes que proteger”. La demanda se basa en el artículo 31 del reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
“Nosotras elegimos defender la vida digna, el derecho a decidir y la justicia. No vamos a permitir ni un paso atrás en nuestros derechos”, señaló la activista.
Más denuncias por aborto que por feminicidio
De acuerdo con cifras presentadas en la solicitud, entre 2019 y 2025, en Guanajuato se iniciaron 150 carpetas de investigación por aborto, superando incluso las registradas por feminicidio en ese mismo periodo. Tan solo en 2024, se abrieron 22 nuevos casos, posicionando al estado entre los primeros lugares nacionales en este tipo de procesos penales.
La organización también documentó que al menos 560 mujeres guanajuatenses han tenido que trasladarse a la Ciudad de México para acceder a la interrupción legal del embarazo, reflejo de la ausencia de servicios seguros y accesibles en la entidad.
La solicitud también critica la falta de implementación efectiva de la NOM-046, que establece el derecho a abortar en casos de violación sin necesidad de denuncia previa. A pesar de ser obligatoria a nivel federal, la norma no se aplica de forma regular en hospitales estatales.
Contexto legal restrictivo y persistente
Chicas BiLess argumenta que el marco jurídico de Guanajuato —donde se penaliza el aborto salvo en causales limitadas y se protege constitucionalmente “la vida desde la concepción”— mantiene un esquema restrictivo que viola tratados internacionales como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, ratificados por México.
En el documento se citan precedentes históricos, como la reforma de 2009 al artículo 1 de la Constitución local y las fallidas iniciativas legislativas más recientes, todas rechazadas por mayoría panista en el Congreso estatal.
“Mientras el Congreso local se niega a legislar con justicia, nosotras caminamos con la ley y con la verdad”, dijo la diputada local Sandra Pedroza, quien acompañó la solicitud junto a la delegada nacional de Movimiento Ciudadano, Yulma Rocha, y la abogada Mari Carmen Rivera.
La demanda exige, entre otras medidas, la derogación del delito de aborto voluntario en el Código Penal estatal, la aplicación obligatoria de la NOM-046, y la reparación del daño institucional a mujeres criminalizadas.
