Quienes realicen, financien o promuevan las llamadas “terapias de conversión” podrían enfrentar hasta seis años de cárcel en Guanajuato. La iniciativa presentada por la diputada Miriam Reyes Carmona (Morena) busca tipificar como delito este tipo de prácticas, conocidas formalmente como ECOSIG, y armonizar la ley estatal con la prohibición federal vigente desde junio de 2024.
Casos recientes y vacío legal
A pesar de la prohibición federal y la sanción en 19 entidades, en Guanajuato el fenómeno sigue presente. Durante junio, colectivos registraron al menos tres casos en León, incluidos supuestos exorcismos y sesiones coercitivas.
El Colectivo Mirinda emitió una carta abierta el 18 de junio exigiendo que el Congreso local actúe sin dilaciones y también avance en el matrimonio igualitario.
Hasta ahora, algunas bancadas como el PAN han expresado su apoyo, aunque piden precisión en la redacción para diferenciar contextos —como si la terapia la solicita un padre por ignorancia o hay violencia evidente.
Qué propone la iniciativa
La reforma al Código Penal y a la Ley de Salud estatal establece:
- Pena de 2 a 6 años de prisión, con multa equivalente a 1 000–2 000 UMAs.
- Duplicación de la sanción si la víctima es menor de edad, adulta mayor o tiene discapacidad.
- Suspensión de 1 a 3 años del ejercicio profesional en casos de médicos o psicólogos involucrados
Reyes Carmona destaca que estas prácticas, sin respaldo médico, representan violencia física, psicológica y medicación forzada, y vulneran derechos fundamentales como la igualdad, la identidad, la salud y el libre desarrollo de la personalidad.
En qué estado se encuentra
La iniciativa fue turnada a las comisiones de Justicia y Salud Pública, aunque su dictamen ha sido postergado varias veces debido a discusiones técnicas y políticas.
Se espera que el pleno del Congreso la vote en las próximas semanas, en un mes marcado además por debates sobre el matrimonio igualitario en la entidad
