Integrantes de la comunidad indígena otomí de Río Laja informaron que el gobierno municipal de Dolores Hidalgo dejó sin efecto nombramientos de delegados y subdelegados en Río Laja, El Calvarito y El Ranchito de San Francisco, tras una resolución en materia electoral relacionada con el derecho de autonomía y autogobierno indígena.
De acuerdo con el testimonio de una persona involucrada en el proceso, la comunidad recibió una notificación del gobierno municipal de Dolores Hidalgo y otra del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, mediante las cuales se les informó que el Ayuntamiento dio cumplimiento a la sentencia correspondiente.
El caso tiene como antecedente una resolución de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que revocó un acuerdo del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato. El TEEG se había declarado incompetente para conocer la controversia, pero la Sala Monterrey determinó que el asunto sí podía ser revisado en materia electoral porque involucraba una posible afectación al derecho de autonomía y autogobierno de la comunidad indígena otomí de Río Laja.
La sentencia federal estableció que, tratándose de demarcaciones donde se asientan pueblos y comunidades indígenas, las autoridades auxiliares deben elegirse conforme a sus usos, costumbres y prácticas tradicionales. En ese supuesto, el Ayuntamiento no puede realizar designaciones directas.
Dejan sin efecto seis nombramientos
Según el testimonio compartido por la comunidad, el cumplimiento municipal consistió en dejar sin efecto los nombramientos de Anel Posada Morales, quien había sido designada como delegada de Río Laja, y Alejandro Almaguer, nombrado subdelegado de la misma localidad.
También se habrían cancelado las designaciones de María de la Luz Rodríguez, como delegada de El Calvarito, y María Guadalupe Marmolejo, como subdelegada.
En el caso de El Ranchito de San Francisco, quedaron sin efecto los nombramientos de Ana Yanet Rodríguez, como delegada, y Gregoria Arroyo, como subdelegada.
De acuerdo con el mismo testimonio, el municipio notificó a las personas designadas que queda prohibido utilizar esos nombramientos para actuar como autoridades auxiliares y les solicitó devolver los sellos oficiales entregados.
Asamblea ya había elegido autoridades
La controversia inició porque la comunidad indígena otomí de Río Laja, que incluye las localidades de Río Laja, El Calvarito y El Ranchito de San Francisco, celebró una asamblea extraordinaria el 27 de enero de 2025, en la que eligió a sus autoridades y representantes comunitarios.
Sin embargo, el 13 de marzo de 2025, el Ayuntamiento de Dolores Hidalgo aprobó la designación de delegados y subdelegados municipales, incluyendo esa demarcación indígena. La comunidad impugnó al considerar que esa decisión obstaculizaba el ejercicio de los cargos electos por asamblea.
En la lectura de la comunidad, el cumplimiento representa un avance en el reconocimiento de su derecho a elegir autoridades auxiliares conforme a sus prácticas internas. Una de las personas involucradas resumió el proceso con la frase: “La justicia tarda, pero llega”.