El debate nacional por el límite a jubilaciones y pensiones públicas llegó al Congreso de Guanajuato, donde diputadas y diputados discutieron si la reforma federal al artículo 127 constitucional corrige privilegios o puede afectar derechos ya adquiridos por personas jubiladas.
La propuesta fue presentada como punto de acuerdo de obvia resolución para exhortar a la Presidencia de la República y al Congreso de la Unión a realizar acciones jurídicas que corrijan disposiciones relacionadas con el límite a jubilaciones y pensiones previsto en la Constitución federal.
El planteamiento se centró principalmente en los posibles efectos retroactivos del Segundo Transitorio del decreto publicado el 10 de abril de 2026 en el Diario Oficial de la Federación, al considerar que podría entrar en conflicto con principios de seguridad jurídica, irretroactividad de la ley, progresividad de derechos humanos y protección de derechos adquiridos en materia de seguridad social.
De acuerdo con la iniciativa presentada por legisladores locales, la reforma federal establece que las jubilaciones o pensiones del personal de confianza en organismos descentralizados, empresas públicas, sociedades nacionales de crédito y fideicomisos públicos no podrán exceder la mitad de la remuneración de la persona titular del Ejecutivo Federal.
Proponen cambiar la base del cálculo
Además del exhorto, legisladores presentaron una iniciativa para reformar el artículo 127 de la Constitución federal, con el fin de que el límite no se calcule sobre la remuneración de la persona titular del Ejecutivo Federal, sino sobre la Remuneración Anual Máxima establecida para ese cargo en el presupuesto correspondiente.
El argumento central es que tomar como referencia el sueldo presidencial puede generar incertidumbre, pues ese monto puede variar por decisiones políticas o presupuestales. En cambio, la Remuneración Anual Máxima sería, según la propuesta, un parámetro con mayor certeza jurídica.
La iniciativa también propone modificar el Segundo Transitorio del decreto federal, al señalar que no sería jurídicamente viable aplicar el nuevo límite a pensiones y jubilaciones otorgadas antes de la entrada en vigor de la reforma.
Chocan posturas por pensiones públicas
Durante la discusión, el diputado Antonio Chaurand Sorzano habló en contra de la obvia resolución y sostuvo que el planteamiento defendía las llamadas “pensiones doradas”. Argumentó que resulta ofensivo proteger jubilaciones millonarias financiadas con recursos públicos y afirmó que la reforma federal busca establecer un tope ético bajo principios de austeridad y justicia social.
En contraste, el diputado Jorge Arturo Espadas Galván defendió la propuesta y calificó la reforma como una medida selectiva e injusta, al considerar que puede vulnerar el principio de no retroactividad en perjuicio de familias que dependen de pensiones ya reconocidas. También sostuvo que el debate no debe reducirse a una narrativa de privilegios, sino considerar a personas que trabajaron durante décadas en sectores como Pemex y CFE.
El legislador Alejandro Arias Ávila señaló que la propuesta no buscaba restituir privilegios, sino revisar una reforma que, aunque tiene como objetivo eliminar jubilaciones excesivas, podría afectar el modo de vida de miles de personas.
Por su parte, Rodrigo González Zaragoza advirtió que la discusión toca el principio de retroactividad constitucional y llamó a revisar el tema más allá de la disputa política.
Exhorto queda en comisión
La propuesta no fue aprobada como de obvia resolución, por lo que fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.
Con ello, el Congreso de Guanajuato dejó abierto un debate que enfrenta dos lecturas: la defensa de derechos pensionarios ya reconocidos y la exigencia de poner límites a jubilaciones consideradas excesivas dentro del servicio público.