A pesar que Jalisco es de los estados con uno de los litorales más grandes y diversos del país, los jaliscienses tienen poco acceso a ellos. De los 280 kilómetros de costa en la entidad, 82% se encuentran privatizados y sin acceso a público.
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Las playas mexicanas son públicas conforme a lo establecido en la Constitución Mexicana, pero cuando menos en Jalisco son constantes los atropellos que hacen algunos propietarios de predios colindantes a la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) y concesionarios, donde contratan seguridad privada para ejercer autoridad y decidir quién puede pasar o no a las playas.
En Jalisco hay 3.5 millones de metros cuadrados de playas concesionadas según datos de la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat), pero dichas concesiones no dan derecho a los beneficiarios a impedir el acceso a la gente. En total son 660 titulos de concesión. Vallarta es el municipio con más concesiones, seguido de La Huerta, Cihuatlán, Tomatlán y Cabo Corrientes. No sólo es un problema de concesiones, sino que tampoco hay información suficiente sobre el manejo y distribución de ellas.
Desde la administración de Aristóteles Sandoval se anunció que iniciaría un proceso de liberación de estas playas e incluso autoridades han afirmado que dichas zonas privatizadas no existen; no obstante, hay decenas de historias de despojo y desplazamiento por esta situación.
Un ejemplo de ellos es la playa El Tamarindo, en los límites de Cihuatlán y La Huerta, donde el terreno fue concesionado y después cerrado por una empresa inmobiliaria. Las cooperativas de pescadores y los pequeños comercios turísticos que había en la zona fueron desplazados.
“Llegaron hace mucho, enrejaron y ya nadie puede pasar. Todo se quedó ahí, es una playa muy bonita y dicen y dicen que la abren y si hay paso, pero no es cierto”, expresó un pescador de la zona.
De sur a norte de Jalisco, algunas playas privatizadas son El Tamarindo, Los Ángeles Locos, Cuixmala, Careyitos, Careyes, Playa Rosa, Playa Blanca, El Negrito y Chamela, entre otras.
Aunque son playas públicas, para ingresar a ellas se deben pagar rentas de hasta 180 mil pesos y muchas de estas propiedades son operadas por extranjeros.
En 2013 se modificó la Constitución que eliminaba la restricción a extranjeros a comprar propiedades junto a la costa, por temas estratégicos y militares. Sin embargo, en varios casos familias de italianos y estadounidenses adquirieron propiedades marítimas por medio de fondos fiduciarios, aprovechando que varias de las concesiones en las playas son obtenidas por instituciones bancarias.
Ejemplo de ello es La Huerta donde 33 de 36 playas están privatizadas. La mayor parte de las concesiones aparecen a nombre de fideicomisos de bancos facilitando la compra a los extranjeros y empresas.
Hay algunos esfuerzos importantes para lograr la recuperación de playas. En 2010, los legítimos propietarios de 42 hectáreas frente a la plaza de Tenacatita, fueron despojados de sus tierras por dictamen de un juez, otorgando el área a particulares. La autoridad estatal mantiene una lucha jurídica para que le sea devuelta la posesión de los terrenos a los anteriores ejidatarios.
En 2017 se reformó el artículo 15 fracción III de la Constitución Política del Estado de Jalisco, para que las playas jaliscienses tengan libre acceso. Establece la reforma que en caso de que haya construcciones que impidan el libre acceso a las playas, éstas sean clausuradas o demolidas.
La Ley General de Bienes Nacionales indica que las playas deben ser libres para cualquier persona, sin embargo existen lagunas legales y no se ejecuta dicha reglamentación, con la aprobación de esta iniciativa se deberá consultar a la ciudadanía que habite en las zonas costeras antes de realizarse cualquier proyecto en su localidad.
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