Después de evaluar el trabajo de los legisladores de Jalisco durante los primeros seis meses de gestión, la mayoría de las iniciativas presentadas tienen deficiencias o son pobres de contenido, señala un estudio del Observatorio Legislativo del ITESO.
La evaluación califica con un promedio de 59.5 puntos de 100 posibles el trabajo de las propuestas presentadas por los diputados, tanto de manera colectiva como individual.
“Del primer semestre de actividades del Congreso de Jalisco, podemos destacar la necesidad urgente de que las iniciativas elaboradas por los y las legisladoras se generen a partir de un análisis de impacto, viabilidad y previsión de evaluación (...) Preocupa entonces la labor de quienes legislan en nuestro Estado, porque se nota que hay grandes ideas para resolver problemáticas sociales; pero pocas habilidades para encontrar soluciones permanentes, realistas y eficientes”, expresó la académica Claudia Ramírez Ramos, consultora en evaluación, derecho parlamentario y analista de datos, además de integrante del Observatorio.
Entre los elementos que se toman en cuenta para evaluar la calidad de una iniciativa están una redacción clara, sencilla, breve, concreta, accesible y con técnica legislativa; con una clara integración al sistema jurídico (incluye derechos humanos), es decir, que en el texto de la iniciativa de ley se defina por qué no contradice otras leyes existentes, o si las contradice, entonces cuáles son las reformas o adiciones que habrán que hacerse. También se establece que la propuesta debe especificar incentivos o sanciones que se pretendan aplicar a la población objetivo de la ley, así como quienes tendrán facultades para sancionar y el procedimiento que deberán seguir; la relevancia pública de los cambios planteados, fundamentación de las iniciativas, identificación de la población afectada, medios para definir objetivos específicos y análisis costo-efectividad, entre otros.
Mal arranque de la LXIII Legislatura
El Congreso obtuvo una calificación de 59.5%, que es casi seis puntos porcentuales por debajo de la última evaluación realizada por el Observatorio al Poder Legislativo en la LXI Legislatura. En este ejercicio se analizaron 102 iniciativas presentadas, de las cuales 24 fueron clasificadas como de trámite o cambios no sustantivos y 77 iniciativas respondieron a necesidades sociales.
La mala calificación es porque en la mayoría de las iniciativas se destaca la falta de análisis en la elaboración y deficiencias al revisar temas como la viabilidad presupuestal, análisis de costo-efectividad, mecanismos de evaluación y análisis de impacto regulatorio
De los siete partidos políticos que integran el Congreso, sólo tres obtuvieron una calificación aprobatoria (mayor a 6) en su calificación general aunque ninguno obtuvo una calificación mayor a 7.5. Hagamos es el partido con sólo dos diputados, pero mejor calidad de dictámenes, con 71 de calificación, MC con 64, PAN con 61 y todos los demás menos de 60.
La diputada con la mejor calificación promediando las iniciativas individuales y colectivas, fue la emecista Rocío Aguilar Tejeda, con 77.5% de efectividad, mientras que la mejor calificada en iniciativas individuales es también militante de Movimiento Ciudadano, Mónica Magaña Mendoza, con 87.5% de efectividad.
Los diputados peor calificados fueron la morenista Claudia García Hernández, con 35% de efectividad; el priista Hugo Contreras Zepeda con 41.3 y la única representante del Partido Verde Erika Lizbeth Ramírez Pérez con 43.
Hay otro caso a destacar, el representante de Morena, Tomás Vázquez Vigil, no ha presentado ninguna iniciativa desde que inició la legislatura.
Cantidad no es sinónimo de calidad: el Observatorio también revisó quienes son los diputados que han presentado más iniciativas y no por eso son bien calificadas. El listado es encabezado por Jorge Antonio Chávez Ambriz, con 11 iniciativas presentadas y 69.8 de calificación; seguido del emecista Quirno Velázquez y la panista Claudia Murguía, con ocho cada uno, pero 51 y 47 de calificación respectivamente.
Las conclusiones del estudio
“Estos datos implican que, las y los legisladores que integran la presente Legislatura, generalmente no generan análisis que permita evidenciar cuál sería el costo de la implementación de su iniciativa de manera exitosa, si el Estado tiene la oportunidad de presupuestar dicha implementación, o si existe un balance positivo entre el costo y los beneficios sociales y/o económicos causados. De igual manera, llama la atención la importante área de oportunidad para los diputados y diputadas que es dar cuenta a la ciudadanía, a través de sus iniciativas, de una planeación legislativa dirigida a potencializar las políticas públicas existentes para desarrollar una democracia más fuerte, consolidada y con progresividad a los derechos humanos”, concluye el estudio del ITESO.
