De las 21 aspirantes a la presidencia del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco (ITEI), 11 de ellas pasaron la evaluación que se llevó a cabo dentro de las instalaciones del Congreso del Estado. En la primera convocatoria, sólo una de las 18 aspirantes pasó las pruebas.
Cabe señalar que también siete de las aspirantes sacaron una calificación menor a los 70 puntos.
En esta ocasión a las candidatas se les realizó un examen escrito, uno oral y debían además presentar este ensayo. Este esquema de evaluación aprobado en la segunda convocatoria generó críticas de la sociedad civil y grupos de académicos, pues se denunció que nada de estos requisitos están estipulados en las leyes y que se los “sacaron de la manga” los legisladores.
Esta inconformidad en los criterios de evaluación, derivó en que el Consejo Consultivo del ITEI decidiera no participar en la elección y finalmente fueron los diputados quienes en substitución, se hicieron cargo total del proceso.
Las aspirantes que pasaron el examen con las mejores calificaciones fueron Claudia Carolina Olivares Álvarez, María Guadalupe Plascencia Vázquez, Olga Navarro Benavides, Natalia Mendoza Servín (quien fue la única que pasó en la primera evaluación y quien tiene judicializado el proceso de selección), Aislinn Lizeth Ramos Rubio (que se acusa es quien tiene el apoyo político para ser electa presidenta del ITEI), Sofía López de Alba, Marcela Rubí Aguilar Arévalo, Edith Roque Huerta, Esmeralda Ramos Martínez, Diana Vera Álvarez y María Guadalupe Rodríguez Rodríguez.
“Es un proceso que está enmarcado bajo tres principios: legalidad, transparencia e imparcialidad. El día de hoy que terminamos con las evaluaciones y con los ensayos sin lugar a dudas tendremos a las mejores mujeres candidatas para ocupar la presidencia, la titularidad como la suplencia del ITEI (…) Creo que hay muy buenos perfiles, creo que es un excelente ejercicio. Es una grata sorpresa porque muchos tildaron este proceso de ilegal y se tuvieron más mujeres registradas y candidatas que creyeron en el proceso”, defendió la diputada Mirelle Montes sobre la legalidad del proceso.
La convocatoria establece que para el 22 de julio debe ser electa la nueva presidenta, pero la existencia de una suspensión judicial impide al Congreso avanzar de momento. El 18 de julio se desahoga una audiencia dentro de este juicio que define si el proceso puede continuar en el legislativo.
