Después de guardar silencio durante todo el proceso de la reforma electoral, finalmente el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) emitió un pronunciamiento sobre las modificaciones aprobadas esta mañana por la Cámara de Senadores. Acusan es un grave retroceso para el ejercicio democrático y con afectaciones importantes para la operación tanto del Instituto Nacional Electoral (INE) como los organismos públicos locales electorales (OPLE)
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La titular de este organismo, Paula Ramírez Hunhe, acusó que las reformas generan un severo impacto en la operación del INE además de restarle atribuciones, por ejemplo, para sancionar los delitos electorales y las irregularidades de los partidos políticos.
Adelantó la funcionaria electoral que en el caso de los OPLE hay un desmantelamiento institucional que implicará el despido de especialistas y profesionales en materia electoral, además de un duro golpe en la organización de las elecciones.
“En cuanto a los OPLE en concreto, la reforma recién aprobada también comprime su estructura a dos únicas áreas ejecutivas: una que se encargaría de la organización, capacitación electoral y educación cívica; y la otra de administración, prerrogativas y asuntos jurídicos. No se contempla, en estas estructuras un área de participación ciudadana que en Jalisco, además de estar integrada en su totalidad por miembros especializados, se ocupa de promover, atender y ejecutar los 16 mecanismos de participación ciudadana que existen en el estado”, acusó la funcionaria.
Mencionaron que debido a estas modificaciones con los OPLE, lo más probable es que tengan que despedirse a personas con amplios conocimientos en el área electoral.
La reforma quita facultades para sancionar
La presidenta del IEPC afirmó que las modificaciones hechas a la ley restan capacidades para sancionar los delitos electorales. Explica que la reforma limita las facultades de interpretación y decisión de las OPLE, por ejemplo, para imponer sanciones o negar el registro de una candidatura.
“Si la conducta presuntamente infractora no encuadra literalmente (en estricto derecho) con el supuesto explícito de la norma, la autoridad estará impedida a sancionar, aunque sea a todas luces evidente la violación, y existan múltiples elementos y pruebas para acreditarla”, denunció la funcionaria.
Agregaron que las modificaciones a la ley tienen aspectos que implican un retroceso a la paridad de género, favorece a algunos partidos políticos para que no pierdan su registro y de un plumazo elimina los programas de urnas electrónicas, en donde Jalisco y Coahuila eran los más avanzados.
Adelantó la presidenta del IEPC que debido a estas reformas es un hecho que habrá una cascada de controversias constitucionales y otros recursos judiciales para frenar la reforma.
