El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) escaló hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional para echar abajo las reformas del ayuntamiento de Guadalajara con el cual se regula el cableado en la ciudad, responsable de múltiples accidentes, incluso algunos de ellos de consecuencias fatales.
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Por lo pronto, el ayuntamiento de Guadalajara ya ganó el primer round, pues el IFT pretendió que los ministros otorgaran una suspensión a esta regulación municipal, pero les fue negada. El IFT no quita el dedo del renglón y presentó un recurso de revisión para conseguir una suspensión.
El 24 de octubre de 2022, el pleno del ayuntamiento aprobó el decreto municipal D-24/37/22 donde se establecen reformas a la operación de las empresas cableras en el municipio.
A decir del regidor, Luis Cisneros, con dichas modificaciones, se busca que las cableras instalen sus líneas de manera subterránea en donde exista la infraestructura y se responsabilicen de aquellas líneas en postes para que no queden colgando o se les abandone, porque ya han provocado accidentes, incluso fatales, con peatones, ciclistas y motociclistas.
Empresas utilizan recursos judiciales
Sin embargo, empresas cableras anunciaron amparos e impugnaron la medida, señalando que la propuesta del municipio implicaría costos y eso amenazaba el derecho ciudadano a la conectividad. Acusaban además que el municipio estaba tomándose atribuciones federales, porque el cableado y los postes pertenecen a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El 19 de diciembre de 2022, el pleno del IFT aprobó la presentación de una controversia constitucional ante la SCJN en contra de las disposiciones municipales. La Comisión de Receso de la SCJN admitió a trámite la controversia constitucional bajo el expediente CC 267/2022, teniendo como demandado al municipio de Guadalajara, emplazándolo a presentar su contestación dentro de un plazo de 30 días (vence el 7 de febrero).
Sin embargo, el 26 de diciembre de 2022, los ministros negaron la suspensión del acto reclamado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, por lo cual las reformas continúan vigentes.
“El IFT solicitaba que quedaran sin efecto las reformas de manera inmediata, lo cual les fue negado por la Suprema Corte, por lo cual siguen vigentes las reformas aprobadas por el ayuntamiento”, explicó el regidor Cisneros.
El IFT no se quedó de brazos cruzados, pues presentó el recurso de reclamación, mediante el cual impugna la suspensión del acto reclamado. Dicha reclamación está en proceso de revisión. Aun faltaría que el asunto llegue a resolución y sentencia por la Corte.
A decir del regidor Cisneros seguirá la defensa jurídica de esta regulación que, afirman, sería pionera en el país y niegan se estén violando atribuciones federales.
“En ese sentido, me parece que hay una confusión por parte de la Cámara de que cree que nosotros queremos obligarlos a que inviertan en la infraestructura subterránea para poder hacer la migración del cableado aéreo a subterráneo, no es el caso”, expresó el regidor Cisneros.
