En la represión de la manifestación de mujeres en León ocurrida el 22 de agosto de 2020, se violaron los derechos humanos; así lo determinó la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG).
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Ese 22 de agosto, cientos de mujeres protestaron contra las autoridades luego de las denuncias públicas de un joven, identificada por Evelyn, quien difundió haber sido acosada por agentes de la Policía municipal.
La resolución a la queja 108/20-A dirige dos recomendaciones para Mario Bravo Arrona, secretario de Seguridad Pública de León y una para Miguel Ángel López Pérez, juez cívico.
La PDHEG determinó que se violaron los derechos a: a la libertad de reunión y expresión (que contempla derecho a la manifestación pública y derecho al libre ejercicio periodístico), al libre ejercicio periodístico, a la libertad, seguridad personal y la integridad
Las recomendaciones para Mario Bravo Arrona son las de deslindar responsabilidades de los servidores públicos que participaron durante la manifestación. También se le exhorta a la reparación del daño a las víctimas de las agresiones.
“Especial y particularmente a quienes estuvieron al mando del operativo como son: Juan Pedro González Pérez, Sandra Erika Hernández Calvillo, Paulin Ramiro Granados Aguirre, Jorge Guillen Rico, Director General de Policía Municipal y Mario Alberto Rodríguez Mariscal, Subsecretario de Atención a la Comunidad y encargado de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal”, señala el oficio.
Al Juez Cívico General, Miguel Ángel López Pérez, se le pidió instruir a iniciar una investigación por acciones u omisiones de la servidora pública María Vázquez Piña y de ser el caso que se realice un procedimiento de responsabilidad administrativa.
“Bajo las normas aplicables y velando por la garantía de debido proceso, se emita la resolución y en su caso se apliquen las sanciones correspondientes, debiendo informar a la procuraduría de los Derechos Humanos del inicio y resolución de dicho procedimiento”, señala la recomendación.
Las autoridades señaladas tienen cinco días hábiles para informar sobre sí recibirán las recomendaciones.
La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó el 18 de agosto que los policías denunciados por Evelyn, identificados como Juan ‘N’ y Eduardo ‘N’, fueron detenidos y vinculados a proceso por los delitos de abuso sexual, hostigamiento sexual y abuso de autoridad.
