El pleno del Congreso del Estado aprobó iniciar juicio político en contra del magistrado Armando García Estrada, titular de la cuarta sala del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), a quien le imputan obstrucción de la justicia al emitir una resolución que se contraponía a la sentencia de otro magistrado del mismo tribunal, para favorecer la conclusión de una torre de departamentos de lujo en la colonia Providencia.
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La solicitud de juicio política la promovió Salvador Martín Alba, ciudadano afectado por la construcción de una torre de departamentos que se construyó en el cruce de Otranto y Alberta en la colonia Providencia.
La torre de siete niveles; en una zona donde se permiten máximo cuatro niveles; habría provocado daños a la finca del demandante, que quedó inhabitable.
El tema que involucra al magistrado
El afectado por la torre recurrió al Tribunal de Justicia Administrativa donde obtuvo una suspensión de las obras por parte de un magistrado. No obstante, y con pleno conocimiento, García Estrada habría emitido una segunda sentencia que se contraponía a la de su homologo.
Dicha resolución era en favor de la constructora de la torre, para retirar los sellos de clausura y pudieran seguir con la edificación.
El ayuntamiento de Guadalajara se negó a acatar en su momento esa segunda resolución al existir una primera definición del magistrado de otra sala.
Por desacato y que el municipio no quitó los sellos, García Estrada emitió una orden de arresto por 36 horas en contra del ex alcalde tapatío, Ismael del Toro; la orden no se ejecutó porque se defendió al alcalde con recursos jurídicos.
Retraso en la incoación a juicio
El juicio político en contra del magistrado se radicó desde 2019, pero no avanzó hasta este jueves que se aprobó por el pleno. En caso de encontrar responsabilidad en el magistrado, podría ser sujeto a inhabilitación a cargos públicos.
La diputada Maria Esther López Chávez, presidenta de la Comisión de Responsabilidades, fue una de las más críticas con este juicio político; señalque no procedía más que en el aspecto de responsabilidad administrativa y no la apertura de una responsabilidad penal por obstrucción de la justicia.
En la misma sesión se desecharon seis juicios políticos, entre ellos en contra del Fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, el ex presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Ricardo Suro o el magistrado titular de la Primera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa, Avelino Bravo.
