Luego de las críticas generadas por organismos de la sociedad civil, el gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez, señaló que ejercerá su derecho de veto sobre la llamada Reforma Anticorrupción 2.0. El cambio en particular es el elemento que eliminaba los sueldos de los cinco miembros del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción (CPSSEA).
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El pasado 31 de agosto el Legislativo aprobó la eliminación de los sueldos, con un grupo de diputados que consideraban que el cargo ciudadano debe ser ajeno a la recepción de recursos públicos; otros calificaron la medida como un intento de la clase política para debilitar a un organismo crítico de la actuación del Gobierno de Jalisco y el Congreso.
La reforma, además de impedir que los integrantes del CPSSEA cobraran por su trabajo, tampoco les permite que mientras dure su cargo tengan otro empleo.
Los miembros del CPSSEA advirtieron que acudirían a tribunales para que se revocara esta medida. En Baja California hay un precedente, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en 2020 que era inconstitucional quitar el sueldo por un trabajo realizado.
Además de Jalisco, otros estados donde trataron de quitarle los sueldos a sus respectivos miembros de sus comités fueron Veracruz, Zacatecas, Oaxaca y Durango.
Observaciones a la Reforma Anticorrupción 2.0
El gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez, anunció que, tras llegar a un acuerdo con el Legislativo y con la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción se realizarán reformas al tema de los sueldos, para que no se mal interprete que se pretende debilitar al sistema y al Comité de Participación Social.
“No queremos debilitarlo, al contrario, entendemos que en esa agenda es soporte del futuro de Jalisco. He tomado la determinación de enviar el día de hoy observaciones al Congreso respecto a esta reforma que eliminaba los sueldos de los consejeros ciudadanos; para no publicar esa reforma y construir, en acuerdo con el Poder Legislativo, argumentos que nos permitan corregir un planteamiento que, insistimos, aunque compartimos en su espíritu, no compartimos en términos de su forma”, afirmó el gobernador.
Acusó Alfaro que hubo intentos de desacreditar todo el paquete de reformas anticorrupción por el sólo tema de los sueldos.
La propuesta del Ejecutivo
Si bien devuelven los sueldos, la iniciativa contempla que los integrantes del CPS continúen con un salario, con los siguientes criterios:
Los integrantes del CPS conservarán sus percepciones, pero estos los definirá el Comité Técnico de Valoración Salarial (CTVS) con base en la Ley de Austeridad; acorde con la responsabilidad y trabajo de cada miembro.
Los integrantes del Comité de Participación Social no podrán recibir recursos de otros entidades; si van a tener un sueldo pagado a través del erario, deben renunciar a recibir una remuneración que venga de otro lado. Lo anterior es con la finalidad de evitar conflictos de intereses.
Se exigirá rendición de cuentas a los integrantes del Sistema, ya que deberán presentar su declaración patrimonial y de intereses.
El Congreso tendrá la tarea y responsabilidad de evaluar el desempeño de cada miembro del CPS. Al mismo tiempo estos tendrán la responsabilidad de informar lo que están haciendo, con el propósito de tener seguimiento de acciones y evaluar resultados. También se definen las causas para separar de su cargo a quien no cumpla con su tarea.
Al aprobarse la Reforma Anticorrupción 2.0, se eliminó la facultad del Comité de Selección de auditar a los miembros del CPSSEA; esta atribución ahora será para los legisladores.
