Este 26 de septiembre se cumplen cuatro años de la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en Ayotzinapa, Guerrero, hechos por los cuales los padres de las víctimas exigen justicia, a través de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia, ya que consideran que hay muchas dudas sobre las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR).
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Incluso, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) lamentó la actuación durante el último año de las autoridades mexicanas respecto a este caso y la defensa de la versión oficial, conocida como “la verdad histórica”.
“Esta versión es insostenible, sus deficiencias e inconsistencias han sido expuestas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Equipo Argentino de Antropología Forense y Forensic Architecture”.
A esto se suma que en el informe “Doble justicia”, elaborado por ese organismo internacional, en el cual se documentó el uso de métodos ilegales en las investigaciones; además, un Tribunal Colegiado en Tamaulipas constató diversas y graves irregularidades, mientras que el Mecanismo de seguimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) registró varios pendientes, entre los que destacan la falta de esclarecimiento de la participación de diversas fuerzas federales.
Además, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) comprobó que un supuesto participante “clave” está injustamente privado de su libertad.
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“Se trata de una verdadera sinergia de voces, una sólida acumulación de evidencias en contra de la narrativa oficial, por lo que preocupa la respuesta del gobierno enfocada en reiterar lo insostenible e intentar acallar o desprestigiar las voces de quienes han cuestionado la versión oficial.
“Resulta inusitado que el gobierno haya promovido más de 200 impugnaciones en contra de la histórica y garantista sentencia del Tribunal Colegiado, hoy confirmada por el mismo órgano jurisdiccional federal, cuyos alcances deben observarse plenamente”, dijo Jan Jarab, representante del Alto Comisionado en México.
Sobre el cambio de gobierno en México y la reunión que tendrán los padres de los normalistas de Ayotzinapa con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, el Alto Comisionado consideró que es una buena señal para alcanzar la justicia de ese hecho.
“El caso Iguala es de tal envergadura que si se reconduce la investigación, se establece el paradero de los estudiantes desaparecidos, se determina conforme a derecho la responsabilidad de todos los actores, incluidas las corporaciones de seguridad presentes en la trágica noche de Iguala, y se repara de manera integral a las víctimas, el impacto positivo no sólo será para las personas directamente afectadas, sino también para el combate de las desapariciones en su conjunto”.
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