Arturo Zaldívar, el 'polémico' ministro que presidirá la Suprema Corte

Se ha caracterizado por ser defensor de las garantías individuales y denunciar que existe la corrupción dentro del Poder Judicial

Por Alexandro Hernández

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea fue elegido este miércoles como el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para el periodo 2019-2022, en sustitución de Luis María Aguilar. 

Se desempeñó como presidente de la Primera Sala y su carrera dentro de la SCJN ha estado marcada por casos polémicos y el pasado septiembre desató una controversia al declarar que existe corrupción dentro del Poder Judicial de la Federación, asegurando que los jueces no han sabido ganarse la confianza de la ciudadanía.

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Aseveró que es necesario que se apliquen mecanismos y leyes anticorrupción para garantizar la correcta impartición de justicia.

Un ministro liberal 

Su trabajo dentro de la Corte se ha destacado defender las garantías individuales, estar a favor del matrimonio igualitario y de la libertad de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.

Además ha sido participe de resoluciones polémicas en casos mediáticos como el incendio de la Guardería ABC, la liberación de Florence Cassez y la discusión sobre la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, en la que fue el encargado de presentar el proyecto de impugnaciones.

Matrimonio igualitario, aborto y protección infantil 

El ministro ha sido un defensor de la diversidad familiar, calificando como "aberración"  la creencia de que los matrimonios con hijos adoptados no sean consideradas como tales.

En cuanto al matrimonio igualitario, ha insistido que la Constitución protege todo tipo de familia y prohíbe discriminar por motivo de orientación sexual, esto tras la resolución en 2018 de declarar inconstitucional limitar el matrimonio a unión de hombre y mujer.

También se postuló a favor de la adopción por parte de parejas del mismo sexo, asegurando que ello no es fuente de daño psicológico ni físico, sino por el contrario, vela por el interés mayor del menor.

En 2015, Zaldívar encabezó un proyecto inconstitucionalidad de los artículos 332 y 334 del Código Penal Federal contra la criminalización del aborto y para conceder un amparo a una mujer que era acusada por realizarse uno.

A mediados de 2018, Zaldívar presentó la propuesta a discusión para que el gobierno de Chihuahua interviniera para dar atención médica a una menor con leucemia en estado de salud grave a quien, por deseo de sus padres, no se le podían realizar transfusiones de sangre.

“El Estado puede intervenir en la autonomía familiar cuando advierta que se coloquen en riesgo la vida o la salud de un menor de edad”, decía el proyecto sobre el caso en el que por cuestiones religiosas no se dio la mejor atención a la niña enferma.

Arturo Zaldívar Foto: Cuartoscuro

 

Guardería ABC y Florence Cassez

Sobre la muerte de 49 niños en el incendio de la Guardería ABC en Sonora, el ministro Zaldívar presentó el proyecto para responsabilizar a altos funcionarios federales por el desorden y la ineficiencia del sistema de guarderías subrogadas al IMSS.

Entre los funcionarios señalados por Zaldívar estaba Juan Molinar Horcasitas, quien en el momento de la tragedia dirigía el IMSS.

Parte de la polémica fue la presunta molestia del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien fue el que propuso a Zaldívar para la SCJN.

Entre los casos más mediáticos en los que ha participado se encuentra el de Florence Cassez, ciudadana francesa acusada de secuestro en nuestro país, para quien Zaldívar propuso otorgar un amparo por presuntamente haberse violado su derecho a presunción de inocencia.

Pese a la polémica e indignación de la opinión pública, el ministro aseguró que no se respetaron sus derechos al montar un “show” televisivo en torno a su captura, el cual habría sido orquestado por funcionarios federales.

Su carrera 

Es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho. Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y durante 25 años fue abogado postulante en materia constitucional y combinó su actividad con la vida académica.

Ha sido profesor de derecho constitucional en la Escuela Libre de Derecho, así como profesor a nivel posgrado en la misma institución, de materias relacionadas con el derecho constitucional y el derecho procesal constitucional.

También fue profesor titular en las maestrías de derecho procesal constitucional y derecho constitucional y derechos humanos en la Universidad Panamericana. Por oposición, obtuvo la cátedra de derecho constitucional en la UNAM.

 

Es autor del libro Hacia una nueva ley de Amparo (Editorial Porrúa), y de diversos ensayos y artículos publicados en libros colectivos y revistas especializadas, así como de diversas obras colectivas de carácter internacional, entre las que destaca, la coordinación, junto con Eduardo Ferrer Mc-Gregor, de la obra La ciencia del derecho procesal constitucional.

 

 

 

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