El subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Francisco Luciano Concheiro Bórquez, aseguró que para lograr la gratuidad de la educación a nivel universitario en el país se requieren alrededor de 20 mil millones de pesos al año.
«Hay que cambiar el presupuesto, reconocer este derecho de gratuidad y reestructurar el presupuesto; llegar a la meta, a final de sexenio, implica recursos por siete mil millones de pesos anuales, además de los 13 mil millones de cuotas que recaban las universidades», apuntó.
Concheiro Bórquez recalcó que atender a los jóvenes que salen del nivel medio superior sin cobrar ningún tipo de cuota es posible, por lo que «Andrés Manuel es más que claro en los números y no anda jugando con las cosas».
Cuestionado por el tema de la autonomía de las universidades, aseguró que no se verá afectada pues la pifia en la que se eliminaba esta característica será resarcida.
«Haber desaparecido tres puntitos corrió toda la numeración, eso fue todo. Pero es grave y por eso asumimos en la SEP que era un error nuestro, porque de la cadena cuando los mandamos y en cuando lo mandamos en términos de lo que dice y no debe de decir, desaparecen los tres puntos y en automático se recorre toda la numeración, como había que entregarlo en tiempo y forma no se verificó», comentó.
Luego de participar en el Foro «Implicaciones de la Obligatoriedad y Gratuidad de la educación Superior en México», que organizó la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana, AC, (ANUIES), aseguró que el impacto está medido y se espera que al finalizar el sexenio se logre el objetivo de la gratuidad y universalidad.
Por su parte, el secretario general de la ANUIES, Jaime Sponda Valls compartió que los criterios de equidad e inclusión de los jóvenes más desfavorecidos a la educación superior son coincidentes con sus estrategias planteadas para 2030; sin embargo, recae en el Estado la obligación de asegurar que ese derecho se haga efectivo.
«Será necesario acordar una política de Estado con visión de largo plazo que la haga factible. Será útil, además, considerar la experiencia de reformas constitucionales previas que hicieron obligatorio el preescolar y la educación media superior, sin que hasta el momento se hayan logrado las metas planteadas en los artículos transitorios que señalaron su gradualidad», apuntó.
Piden claridad
En el encuentro que se centró en estas propuestas incluidas la enviada por el presidente y pide la reforma a los artículos constitucionales 3, 31 y 73, en materia de educación, rectores de diferentes universidades del país y diputados federales coincidieron en que el gobierno y en especifico la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), debe precisar el impacto presupuestal de estos dos conceptos.
El diputado federal de Movimiento Ciudadano (MC), Izcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, explicó que cobra relevancia el tema ya que en algunos casos 30% del gasto universitario proviene del ingreso propio, en donde parte importante recae en el dinero que abonan los propios estudiantes.
Además, habló de acabar con la cobertura con diferenciación y asimetría, así como de la forma en que pueden crecer las capacidades institucionales para atender la demanda de este nivel educativo.
«Hay que recordar que 44% de los estudiantes se concentran entre 12 y 14 licenciaturas», por lo que se debe tomar en cuenta el dato para evitar saturación.
El coordinador de la bancada panista, Juan Carlos Romero Hicks, aseguró que hay que reconocer la inequidad y la desigualdad de todo el país, la fragmentación y la dispersión del sistema educativo, al igual que el financiamiento presupuestario que claramente hoy es insuficiente y la infraestructura.
“El apoyo a esta causa es para que la universidad pública siga siendo un lugar de construcción de sueños y de esperanzas, donde se genera riqueza espiritual y potencial”, comentó.
En tanto que el rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Francisco Javier Avelar González, apuntó que se debe buscar plena coincidencia en los motivos de justicia social, equidad e inclusión para eliminar la «desideologización y despolitización» del tema.
«Se requiere un análisis reflexivo y riguroso, estamos hablando de un texto constitucional no de un discurso o ponencia académica, centrar el carácter absoluto en sus primeros dos párrafos», precisó.
El académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, Imanol Ordorika Sacristán, expuso la necesidad de tener certeza jurídica en las propuestas.
«Pidamos que a cambio que la obligación del estado no lleve a crisis que se registró hace unos años que se les presionó por crecer en los estados y luego se les cortaron los recursos públicos», explicó.
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