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Grupo especial responsable de migrante asesinado en Saltillo

En un principio se señaló a elementos de la Fiscalía General del Estado como los que dispararon en contra del salvadoreño

La Casa del Migrante de Saltillo informó que los probables responsables de la muerte del migrante que se registró el pasado miércoles serían integrantes de un Grupo de Operaciones Especiales de Coahuila y no de la Fiscalía General del estado.

A través de un mensaje en Twitter, actualizó la información luego de que en días previos denunciara el asesinato de un padre salvadoreño a quien le dispararon en el marco de un operativo conjunto entre agentes del Instituto Nacional de Migración y la Policía Federal.

https://twitter.com/CDMSaltillo/status/1156905189078470657?s=20

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Desde mediados de julio pasado, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard fue cuestionado sobre las presuntas irrupciones de policías federales a un albergue de Saltillo y respondió:

«En principio no hay, que yo sepa, ninguna indicación de que la Policía Federal u otras instancias entren a albergues de la sociedad civil bajo ninguna circunstancia, salvo que fuese a solicitud del albergue».

El miércoles pasado, la Casa del Migrante hizo pública una carta en la que denunciaba el hecho, así como como la persecución de los migrantes quienes estaban a escaso kilómetro y medio. Manifestó que por protocolos internacionales no se deben hacer operativos o redadas a cinco kilómetros de los refugios.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana desplegó un comunicado en el que deslindó a la Policía Federal y personal del INM de la participaron del operativo relacionado con hechos violentos. Incluso, reprobó cualquier acción fuera de la ley, así como de los protocolos de actuación.

Precisó que las investigaciones y el deslinde de responsabilidades estarán a cargo de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, por lo que destacó que la dependencia a su cargo reconoce la importante labor social de las casas de asistencia humanitaria y demás organizaciones de la sociedad civil en defensa de los migrantes.

«El personal de la Policía Federal y de la Guardia Nacional tiene como deber garantizar la seguridad de las personas en todo el país, por lo que su despliegue incluye el respeto absoluto e irrestricto a los derechos humanos de las personas, tanto de ciudadanos mexicanos como de personas extranjeras, mandato que está contemplado desde su concepción», compartió.

Este hecho de inmediato generó reacciones por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su división de Derechos Humanos DH, quien lamentó la muerte y aprovechó para realizar un llamado a las autoridades mexicanas para que se garantice que la política migratoria se conduzca con absoluto respeto a los derechos humanos.

Además, instó a las autoridades correspondientes a esclarecer los hechos y fincar responsabilidades por medio de una investigación exhaustiva e imparcial conforme a los estándares internacionales de debida diligencia.

Y Amnistía Internacional externó que el caso del migrante asesinado «es una alarmante señal del enfoque cada vez más hostil de México hacia las personas migrantes y solicitantes de asilo».

“Las autoridades mexicanas deben tratar a las personas migrantes y sus familias con humanidad, no perseguirles o dispararles”,  directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas.

Además se sumó a la voces que exigieron a las autoridades llevar a cabo «una investigación inmediata, independiente e imparcial de este terrible incidente y llevar a toda persona sospechosa de haber cometido un delito ante la justicia».

«Es preocupante la creciente y constante hostilidad hacia las personas migrantes en nuestro país y el uso indebido de la fuerza por parte de las cuerpos de seguridad”, expresó la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Tania Reneaum.

Datos de la Unidad de Política Migratoria, dependiente de la Secretaría de Gobernación, señalan que entre enero y junio fueron presentados ante autoridades migratorias 91 mil 463 migrantes provenientes de países centroamericanos. Aquí las nacionalidades:

  1. Honduras,  49 866
  2. Guatemala, 28 mil 531
  3. El Salvador, 11 mil 149
  4. Nicaragua, mil 841
  5. Belice, 56
  6. Panamá, 12
  7. Costa Rica, 8

Ebrard manifestó que en la zona norte del país se espera apoyar a 16 centros o albegues, por ser los que más concentran la afluencia de migrantes.

Improvisación de las autoridades

Para el investigador del departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, Javier Urbano, ya se había advertido que las autoridades en su afán de cumplir con el tema migratorio para con Estados Unidos improvisó sobre llevar elementos a la frontera con nula capacitación y sin noción del respeto de los derechos humanos.

En una entrevista con Publimetro dijo que esta actuación del país es una vergüenza pues el gobierno prefirió rendir cuentas a otro país antes que a sus propios habitantes sobre las acciones que estaba implementando en materia de migración.

¿Cómo se debe enfrentar el fenómeno migratorio?

– En lo particular hay una serie de protocolos asociados al tema de la protección consular que tendrían que comunicarse al gobierno de El Salvador para que en colaboración del gobierno mexicano se establezca la identidad, la nacionalidad y el tema del hijo para comenzar la repatriación. En este caso el DIF no se ha visto que intervenga y esta parte me preocupa porque más allá del hecho violento se debe de establecer el interés superior del niño involucrado.

¿Cómo debe procesarse el caso?

– La parte compleja es que para que en este país se pueda establecer algún protocolo de investigación de asesinatos y demás va a ser bien complicado, yo no sé si a la persona que disparó se vaya a hacer establecer un procedimiento penal porque no hay flagrancia y prácticamente no habrá parte acusadora, porque hablamos de un extranjero con muy pocos derechos o una familia que no está en México para defender los derechos del fallecido. Tampoco se sabe cómo será el tema de las indemnizaciones, el castigo al culpable y cómo se llevarán las investigaciones, todo esto es difícil de establecer en la práctica porque no veo una parte que esté acusando.

Imaginemos que en el caso de asesinatos de mexicanos hay gravísimos problemas de incompetencias, impunidad y corrupción, que en teoría tienen todos los derechos y herramientas para defenderse ante el estado y exigir, ahora para un extranjero que sólo está en tránsito esta situación se agrava. Es difícil establecer un protocolo es este sentido y en México no tenemos defensoría para migrantes. Sobre todo preocupa que estas acciones sean parte de una estrategia para amedrentar a migrantes centroamericanos.

¿Cuántos casos documentados de agresiones calculas?

–Son decenas, no tengo nombres específicos sino números muy grandes que hemos trabajado con el Movimiento Migrante Mesoamericano y en el contexto de desaparecidos hablamos de centenas; es decir, el estado mexicano ha de tener deudas de varios miles de afectados vinculados a secuestro, desaparición, violencia, agresiones, desde las más simples hasta las más graves, trata y tráfico y es un catalogo muy grande.

El último dato de Derechos Humanos es que hay entre 40 y 50 mil afectados solamente en el lapso de uno a tres meses, es decir, hablamos de una contabilidad muy burda por los 300 a 500 delitos que se realizan a diario entre simples y de alto impacto a migrantes. Es un problema crónico.

Actividad en la frontera

El 22 de julio pasado -cuando se cumplieron 45 días del acuerdo de México y EU para controlar el flujo de migrantes ilegales centroamericanos-, el canciller, Marcelo Ebrard comentó que de enero a julio llegaron más de 600 mil personas a Estados Unidos por nuestro territorio y nos regresaron 19 mil, sobre todo de Honduras, Guatemala y El Salvador. Agregó que se espera que la cifra de retornados no pase de 19 mil.

Pero aclaró  que  la cifra precisa del flujo migratorio puede variar porque los números se actualizan a diario, debido a que algunos regresan por su propia cuenta a sus países porque no esperan a que sus procesos judiciales se resuelvan en Estados Unidos.

También se le cuestionó sobre la presunta irrupción de la Policía Federal a un albergue de Saltillo y dijo «en principio no hay ,que yo sepa, ninguna indicación de que la Policía Federal u otras instancias entren a albergues de la sociedad civil bajo ninguna circunstancia, salvo que fuese a solicitud del albergue».

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