El pleno de la Cámara de Diputados desechó el dictamen de reducción del 50% al financiamiento público de los partidos políticos al no alcanzar la mayoría calificada que se requería para hacerla realidad.
Luego de más de tres horas de discusión, la votación solo alcanzó 274 votos a favor y 207 en contra, por lo que al tratarse de una modificación constitucional al artículo 41, debía contar con la mayoría de los diputados presentes en el pleno de la Cámara Alta.
274 votos a favor, 207 en contra y 0 abstenciones, no se alcanza mayoría calificada. El dictamen que reforma el artículo 41 de la Constitución, en materia de reducción de financiamiento público otorgado a los partidos políticos, se desecha. https://t.co/ho2Mo3WbQT
— Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) December 12, 2019
La propuesta que fue bandera política en la campaña del ahora presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, proponía modificar la formula para calcular los recursos públicos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de financiamiento a partidos políticos.
«El Financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 32.5 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización», sugería el texto.
Existen siete partidos con registro a nivel nacional:
- Morena
- PRI
- PAN
- PRD
- PT
- MC
- PVEM
El antecedente
- En 2007 se estableció la fórmula que prevalece en el texto actual de la Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para calcular el monto de financiamiento público a partidos políticos por el desarrollo de sus actividades ordinarias.
- Actualmente se cuenta con un sistema de financiamiento mixto; es decir, los partidos pueden recibir prerrogativas del Instituto Nacional Electoral (INE) como financiamiento público, y financiamiento privado en su modalidad de aportaciones de militantes y simpatizantes, del autofinanciamiento o de rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.
- En 2018, el financiamiento público otorgado a partidos políticos por actividades ordinarias ascendió a más de cuatro mil millones de pesos.
- En 2019 fue cerca de cinco mil millones de pesos.
Oposición se impone
La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Miroslava Carrillo, aseguró que el dictamen atendía a un reclamo social desde hace varias décadas para reducir el financiamiento público de los partidos.
Sin embargo, las bancadas de oposición aseguraron que se trataba de una medida de Morena para reducir la fuerza del sistema de partidos, pues ellos contaban con el apoyo del Gobierno Federal.
«Con menos recursos de origen público los partidos políticos harán un uso más racional de estos y el nivel de confianza de la ciudadanía en esas instituciones se acreditará de mejor manera», aseguró.
La diputada de Morena dijo desde tribuna que, «no son tiempos para el derroche y altos costos del sistema electoral, sino llegar a un balance y que los partidos se sumen al plan de austeridad planteado por el Gobierno federal».
Al respecto, Verónica Juárez, coordinadora de la bancada del PRD, advirtió que el dictamen no tiene otro fin más que la propaganda interesada del partido del Gobierno y descalificar y debilitar al sistema de partidos, oposición y a las minorías, pues reducir por reducir el financiamiento no va a resolver que haya mejor gasto público.
El diputado Marco Antonio Gómez Alcantar, del Grupo Parlamentario del PVEM, expuso que la propuesta de su bancada era reducir 55% del presupuesto para dar un ahorro de dos mil 686 millones de pesos en 2020 y el ahorro sea etiquetado para aumentar los sueldos de los integrantes de la Guardia Nacional.
«Cada partido, en consecuencia, recibiría en el 2020 la cantidad de 380 millones de pesos, aproximadamente. Monto que es similar a lo que recibe el Partido del Trabajo, que es el partido político que menos recursos públicos recibirá el año que entra», dijo.
El panista, Marcos Aguilar Vega, advirtió que la propuesta más que resolver una demanda social, implica un retroceso democrático, así como un nuevo embate al debilitamiento y destrucción de las instituciones.
«Estaríamos a favor de que no se otorguen recursos públicos a los partidos políticos, siempre que rompamos con los paradigmas que giran en torno a las fuentes de financiamiento y se perfeccionen los mecanismos de fiscalización, que si bien han sido exitosos, no terminan de consolidarse por la resistencia que existe aún para dotar de dientes».
«Ni de darle el marco normativo necesario a la autoridad electoral para ejercer sus funciones, sin el temor de ser castigado y fustigado precisamente por las cúpulas de los partidos», sostuvo.
