Organizaciones civiles exigieron al Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECOM), auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal, pronunciarse sobre el fraude que se cometió por la empresa Alta Grupo a tres mil personas de la tercera edad.
Francisco Javier Hernández Salcedo, vicepresidente de la organización Sociocracia aseguró que hasta la fecha no hay respuesta por parte de las autoridades competentes acerca de la violación a los derechos humanos de los acreedores de este corporativo.
Señala que existen una serie de acusaciones en contra de IFECOM, por lo que piden resarcir el daño que se provocó al patrimonio de las personas que invirtieron en Alta Grupo y que debido al fraude que cometió perdieron sus inversiones, el cual asciende a un monto superior a los cinco mil millones de pesos.
Subraya que si el Ministro Presidente del Consejo de la Judicatura Federal Arturo Zaldívar Lelo de la Larrea quiere desterrar la corrupción existente en el Poder Judicial Federal, debería actuar en organismos como el IFECOM cuya intervención en un concurso mercantil resulta de la mayor relevancia para el cumplimiento de la Ley de Concursos mercantiles, así como evitar el abuso de los empresarios.
«No se entregó la contabilidad de las empresas; no ha publicado en el Diario Oficial de la Federación el estado de quiebra decretada el 28 de diciembre de 2018, no ha tomado posesión de las empresas; no ha procedido con los procesos de ocupación, venta de activos, etc.; argumentando que las comerciantes no le han proporcionado el dinero para la publicación, que no ha tenido acceso a la información y que no le han dado posesión», sostuvo Francisco Javier.
¿Los malos van a ganar con total impunidad?. Los acreedores tienen la esperanza en que las autoridades actúen con total responsabilidad, transparencia y compromiso social; hablamos de gente poderosa, sin escrúpulos que hicieron que miles de personas perdieran todo lo que con esfuerzo lograron, cuyo error fue creer en su palabra, así como, en las instituciones que fueron creadas para proteger sus derechos y su patrimonio.
Acusa que una de las inconsistencias más importantes es una dirección falsa donde se localiza la información, en donde aduce reiteradamente “que tiene pleno acceso a la contabilidad del comerciante y que está en aptitud de vigilar la administración y las operaciones que este realiza, así como el desarrollo de las demás funciones inherentes a su cargo”.
