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El ex director de Petroléos Mexicanos (Pemex), EMilio Lozoya, presenta acusaciones por lavado de dinero, cohecho y fraude por la compra de dos empresas cuando él era titular de la petrolera.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República, el 25 de enero de 2017, en la administración anterior, la otrora Procuraduría General de la República inició una investigación por delitos patrimoniales en el caso de la empresa Odebrecht, de quien presuntamente recibió sobornos por cinco millones de dólares que le fuera adjudicado el proceso de modernización de la refinería de Tula, Hidalgo.
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De acuerdo con las investigaciones, la entrega del dinero y la asignación de un contrato con Pemex por mil 436 millones de pesos en la refinería de Tula coinciden.
Tras dos años son concluirse la investigación, la actual administración la retomó para establecer «con toda precisión, los delitos cometidos y los posibles responsables» por lo que se realizó el aseguramiento de inmuebles vinculados con el lavado de dinero.
Durante 2019, Pemex denunció ante la Fiscalía, delitos por operaciones con recursos de procedencia ilícita, en el caso de la empresa Agronitrogenados. Esta planta de fertilizantes, propiedad de Altos Hornos de México (AHMSA), fue comprada por Pemex por cerca de 500 millones de dólares cuando su valor real era de 50 millones de dólares, provocando pérdidas millonarias a la petrolera.
Ambas investigaciones permitieron a la Fiscalía, en los meses de mayo y julio del año pasado, obtener del Poder Judicial Federal, órdenes de aprehensión en contra de la persona referida, tanto en el caso Odebrecht, como en el caso de Agro Nitrogenados.
Una filtración sobre este asunto ocasionó que Lozoya huyera del país, luego de ocho meses de labores de inteligencia con la INTERPOL, se logró su captura en la ciudad de Málaga en febrero de este año.
En mayo, Secretaría de la Función Pública (SFP), lo inhabilitó por 10 años para ocupar cualquier cargo en la administración pública, luego de determinar que había mentido en su declaración patrimonial en la que escondió una cuenta bancaria con varios saldos con cientos de miles de pesos.
La FGR solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores que tramitara la extradición, en tanto que el Juzgado Central de Instrucción de España negó conceder la libertad provisional del reclamado y para julio, dicho Juzgado determinó que la solicitud que de extradición cumplía con todos los requisitos del Tratado de Extradición y con la legislación española.
Con ello, se ha puesto a disposición de las autoridades mexicanas una serie de gestiones ante el gobierno del Reino de España que permitieron su retorno a México.
Oportunidad
El politólogo y director del departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana-Puebla, Juan Luis Hernández Avendaño, consideró que este caso podría acabar con el show mediático-jurídico que cada administración monta para crear saciedad de justicia.
En una entrevista con Publimetro, estimó que el correcto procesamiento del caso de Lozoya Austin en México, podría concretar su primer maxiproceso anticorrupción en el que, dijo, podrían estar implicados hasta 300 personas más.
¿Cuál es la importancia del caso de Emilio Lozoya?
—Este personaje es apenas una pieza en medio de una cadena enorme de corrupción y muestra de que en el país los gobiernos en turno escogen uno o dos casos emblemáticos de administraciones pasadas para que se suponga un tipo de juicio al pasado y se calme o tranquilice el electorado sobre la necesidad de castigar la corrupción anterior.
¿Cuáles serían las ventajas de instalar estos maxiprocesos?
—Además de que es la ocasión propicia, no solo nos llevaría a más peces gordos, significaría que se detone algo inédito en el país, como lo son los maxiprocesos de justicia. Estos suponen una relación estrecha y colaborativa entre el poder judicial y la fiscalía, cosa que hasta ahora no ha ocurrido.
¿Qué se muestre colaborativo en la investigación debe suponer que su pena sea reducida?
—Lo que hizo México al actualizar su código Penal Federal fue a partir de sus procesos jurídicos facilitar la colaboración de los acusados a cambio de facilitar bajar su condena. En este caso incluso se habla de que negoció con las autoridades, la posibilidad de que no haya investigaciones jurídicas en contra de su madre o su hermana.
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