Un total de 320 personas privadas de libertad fueron trasladadas del Centro Federal de Readaptación Social 1 “Altiplano” al 18 “CPS. Coahuila”, ubicado en el municipio de Ramos Arizpe.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que el traslado se hizo el martes 4 de agosto.
Esto, con el fin de cumplir las recomendaciones de las autoridades sanitarias para evitar el contagio y la propagación de Covid 19.
“Lo anterior, con el objetivo superior de garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de libertad, en el contexto mundial y nacional por la pandemia ocasionada por el nuevo coronavirus”, señaló la dependencia en un comunicado.
De acuerdo con autoridades federales, en dicho centro penitenciario, hasta julio, no se habían registrado contagios.
Sin embargo, en mayo, la SSPC informó que en el penal ubicado en el Ejido de Mesillas se había confirmado el caso de un custodio con Covid-19.
Por otra parte, familiares realizaron diversas peticiones de que se informara el estado de salud de los internos, pues, según medios locales, el brote de coronavirus había alcanzado a por lo menos 19 custodios y 55 internos presentaban síntomas.
Ante la negativa por aplicar pruebas, los familiares recurrieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos en junio.
El organismo aseguró que se realizaría una investigación, pero hasta el momento, no se han informado resultados.
No obstante, la Secretaría de Seguridad aseguró que el traslado de los internos esta semana había cumplido con las medidas del protocolo de actuación para la atención de Covid-19 en centros federales de reinserción social y con respeto a sus derechos humanos.
De acuerdo con la corporación, los 320 reos que fueron trasladados, permanecen en un área especial para su observación.
Los internos permanecerán en dicho espacio por tres semanas, para descartar que tengan síntomas del virus.
Una vez que concluya el periodo, pasarán a integrarse con el resto de la población en el penal.
El Cefereso de Coahuila conocido como “Penal de Ramos Arizpe” comenzó a construirse en 2010.
Tras casi ocho años, albergó a los primeros presos en agosto de 2018.
El centro tiene capacidad para internar a dos mil 400 reos, hombres y mujeres, por delitos de orden federal y costó alrededor de 4 mil millones de pesos.
