El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), informó que en 2019, el gobierno federal entregó casi uno de cada dos pesos a través de adjudicaciones directas e invitaciones restringidas.
A través de su estudio «Compras Públicas en México. Competencia: la gran ausente», evidenciaron que el primer año de la administración de Andrés Manuel López Obrador, no solo mantuvo la tendencia de dar preferencia a las compras por adjudicación directa sino que fue el año que ha tenido menor diferencia entre el monto destinado a procesos de excepción y licitaciones públicas, con 45.1% y 46.1%, respectivamente.
El coordinador Anticorrupción del IMCO, Pablo Montes, explicó que se analizaron más de 350 mil procesos de compra publicados en Compranet por las dependencias de la Administración Pública Federal en 2018 y 2019 y encontró que el año pasado 80.4% de los contratos se dio por esta vía. Con lo que advirtió se favorece la corrupción, ya que no existe la sana competencia.
Aunque recordó que desde 2015 se observa esta tendencia a entregar contratos directos entre el gasto público de la federación, pues alcanzó 81.3% en 2015; 82.2% en 2016; 84.2% en 2017; 80.8% en 2018 y 80.4% en 2019.
Dentro de las instituciones que más recurren a esta práctica se ubica en sexto lugar la Guardia Nacional, pues el año pasado gastó más de seis mil millones de pesos en vales de despensa, servicio de suministro de combustible, pólizas de seguro y servicios de mantenimiento a inmuebles y, nueve de cada 10 pesos fueron adjudicados directamente.
Instituciones que más adjudicaciones directas hacen:
- IMSS
- ISSSTE
- Guardia Nacional
- DICONSA
- Sedena
- Censida
- Birmex
- Semar
- Liconsa
- AICM
- SCT
- Banobras
“Vemos esta tendencia creciente de adjudicación directa en procesos de excepción y una vez más, éste es un motor que es utilizado por las redes de corrupción, ya que es más fácil dar un contrato a una empresa con la que ya hubo un arreglo o desviar a una empresa fachada dinero a través de procesos que no tienen competencia porque al final de cuentas, en un concurso, el ganador es determinado por calidad y precio”, aseguró.
Porcentaje de procesos por adjudicación directa
- 2013- 36%
- 2014-27.5%
- 2015- 38.2%
- 2016- 33.2%
- 2017- 29.5%
- 2018- 34.9%
- 2019- 38.9%
Los recursos públicos asignados por concursos han disminuido de manera importante. En 2019, el porcentaje del monto por licitación pública disminuyó 12 pp respecto a 2018.
El monto asignado por adjudicación directa alcanzó el punto más alto desde 2013 (39%). #ComprasPúblicasMx pic.twitter.com/hwuSh8rNin
— IMCO (@imcomx) October 7, 2020
Además, explicó que los problemas de corrupción en compras públicas ocurren por fallas en el sistema de contrataciones actual, el cual inhibe la libre competencia.
«Estos procesos que en la Ley de Adquisiciones y en la Ley de Obras se llaman procesos de excepción son básicamente la norma y cada vez se está dando más dinero a través de este tipo de cuestiones y esto es un problema porque hay mayores riesgos de corrupción y también porque cuando sale a licitar al mercado, es probable que se encuentren mejores condiciones de calidad y precio”, agregó.
Prácticas de riesgo
En conferencia de prensa virtual, se identificó que este tipo de prácticas generalmente se dan por el uso de requisitos técnicos excesivos en las convocatorias.
Así como por la eliminación de competencia por errores de presentación y criterios administrativos, fallas no relacionadas con la calidad del bien o servicio y la ambigüedad y subjetividad de los fundamentos legales para realizar una adjudicación directa y así, evitar un concurso.
El uso y análisis de datos es fundamental para generar propuestas de política pública en materia anticorrupción.
Por ello, analizamos más de 350 mil compras realizadas por las dependencias federales durante 2018 y 2019.
Consulta el estudio. https://t.co/yJ3rAcLGEB
— IMCO (@imcomx) October 7, 2020
Las recomendaciones
Ante ese panorama, el IMCO recomendó reducir y limitar los motivos por los cuales es posible exceptuar una licitación pública, generar y publicar los documentos correspondientes al proceso de adjudicación directa y establecer un umbral para exceptuar procesos de licitación pública.
Así como priorizar los criterios de calidad en la evaluación de las propuestas, habilitar un portal de denuncias en Compranet disponible para todo el público y rediseñar Compranet de tal forma que el gobierno aproveche los datos para detectar riesgos de corrupción.
Te recomendamos: