Violencia extrema, abuso sexual, esterilización forzada a mujeres, aborto forzado y trata con fines laborales o sexuales, son las constantes violaciones a derechos humanos que se presentan contra personas recluidas en centros de asistencia social, orfanatos e instituciones psiquiátricas del país, documentó la organización Disability Rights Internacional (DRI).
En su quinta entrega titulada «Crímenes de lesa humanidad: Décadas de Violencia y Abuso en las Instituciones Mexicanas para Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos con Discapacidad», se expuso que este sector que encuentra detenido en instituciones, segregados de la sociedad y expuestos a estos peligros, debido a que el Estado Mexicano no ha creado los apoyos que permitan a las personas una vida plena en la comunidad.
«A pesar de los abusos documentado y expuesto por décadas, México no ha creado sistemas de supervisión y monitoreo a fin de proteger a sus poblaciones institucionalizadas», expone la investigación.
Y es que las principales autoridades responsables de operar y evitar esta situación – la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social, el DIF y el Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (SIPINNA)—, ni siquiera cuentan con un registro exacto del número de personas que han sido colocadas en estas instituciones.
Exigen actuación
En la presentación virtual, director ejecutivo de DRI, Eric Rosenthal, explicó que desde hace dos décadas se han denunciado estas graves violaciones a derechos humanos en México, las cuales incluso han causado la muerte de muchas de las víctimas, sin que hasta ahora se haga algo para detenerlas o se sancione a los responsables.
Al respecto, la Directora Asociada de DRI, Priscila Rodríguez, aseguró que se deben terminar con el modelo de impunidad para que no se perpetúe el sistema y sancionar los crímenes cometidos contra niños, niñas y adultos.
«La esterilización forzada, la tortura, malos tratos, son delitos que se deben castigar sino los abusos no van a terminar. Es necesario que la Comisión Internacional examinen de crímenes de lesa humanidad», expuso.
El ex Relator Especial sobre Tortura de la ONU, Juan E. Méndez, dijo que la falta de investigación y sanción pone al estado mexicano en una situación vulnerable con respecto a esta situación, por lo que se debe acabar con la complicidad de las autoridades.
La periodista y Co-Fundadora de “Yo También,”, Katia D’Artigues, las acciones deben ser contundentes y comenzar por nombrar al nuevo titular del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), que se encuentra acéfalo desde hace varios meses y que mantiene el tema en «estado zombie».
Los hallazgos
El reciente reporte se creo con la visita de 55 centros de este tipo (35 para adultos con discapacidad y 20 para menores de edad) en 11 entidades del país, en los últimos cinco años y DRI documentó múltiples testimonios de abuso físico y sexual.
Autoridades de seis instituciones informaron a DRI que esterilizan a mujeres con discapacidad de forma rutinaria. Según los directores de los hospitales psiquiátricos públicos El Batán y Villa Ocaranza, todas las mujeres en edad “fértil” han sido “atendidas” (esterilizadas quirúrgicamente o se les ha puesto un parche anticonceptivo).
En tanto, en la institución privada El Recobro, en la Ciudad de México, el personal informó que las mujeres que llegan embarazadas son esterilizadas después del parto.
“El problema de la esterilización forzada no se limita a las mujeres detenidas en las instituciones. DRI realizó una encuesta a 50 mujeres que reciben atención en salud mental en servicios psiquiátricos de consulta externa en la Ciudad de México, y 42 de ellas informaron que habían sido esterilizadas sin su conocimiento o consentimiento. En la misma encuesta, un gran número informó que habían sufrido abuso sexual al visitar un ginecólogo”.
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