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López Obrador presenta iniciativa para acabar con el outsourcing

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que el outsourcing se ha utilizado como una forma de defraudación fiscal

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la iniciativa con la que se busca desaparecer el outsourcing y así evitar que las empresas subcontraten a los trabajadores con salarios menores a los que perciben.

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“Se ha utilizado como una forma de defraudación fiscal y que sobre todo afecta a los trabajadores”, expresó el presidente.

Añadió que con el esquema de subcontratación, mejor conocido como outsourcing, algunas empresas niegan a los trabajadores prestaciones laborales, los despiden a fin de año o no les reconocen sus derechos laborales fundamentales, como aguinaldo o reparto de utilidades.

Durante la presentación de la propuesta en la conferencia matutina, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján detalló que se trata de tres figuras:

  1. Regulación de la contratación de personal
  2. Cambios en el esquema de servicios especializados y obras especializadas
  3. Reglas para las agencias de colocación

Sobre las sanciones, el outosorcing será considerado delito de defraudación fiscal, equiparado con la delincuencia organizada, tampoco se permitirá deducir impuestos y se impondrán multas a todas las empresas que incumplan.

Para ello, se requiere modificar y armonizar las leyes federales del Trabajo, del Seguro Social y del Infonavit; Ley del ISR, Ley del IVA y el Código Fiscal.

Comentó que la iniciativa está basada en el principio de que el trabajo es un derecho y un deber social, no una mercancía, y por ello se busca beneficiar a los trabajadores, empresas que sí cumplen, institutos de seguridad social y de la hacienda pública.

En lo que respecta a los servicios especializados, se permitiría y regularía la prestación de los mismos o la ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica de la beneficiaria de los mismos.

Para ello, sería necesaria la autorización de la Secretaría del Trabajo y formar parte de un padrón público disponible para cualquier ciudadano.

“(Por ejemplo) un hotel podría contratar con una empresa especializada, por ejemplo, en el mantenimiento de sus elevadores o de sus aires acondicionados”, señaló.

En tanto, las agencias de colocación podrán intervenir en la selección de personal, entrenamiento y capacitación, entre otros detalles, pero en ningún caso fungirán como patrón ni podrá contratar en sustitución.

¿Por qué AMLO busca regular el outsoucing?

Luisa María Alcalde Luján, argumentó que de acuerdo con estimaciones proyectadas a 2020, existen alrededor de cuatro millones 600 mil trabajadores en esquemas de subcontratación; sin embargo, no se tienen registros claros y la cifra podría ser mayor.

“Es decir, no puede haber empresas que simulen sus relaciones laborales y que cuenten con trabajadores contratados por otros”, acotó.

En los tenemos dos años consecutivos, este es un fenómeno que se da todos los años, pero podemos ver cómo en 2018 es en diciembre cuando hay esta caída de 378 mil 560 puestos de trabajo, que después se recuperan y se recontratan a finales de enero y febrero.

Agregó que cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) refieren que el crecimiento anual de la subcontratación es de 200 mil trabajadores.

Además, los datos también arrojan que 50% del personal empleado bajo este modelo labora en empresas grandes con más de 250 trabajadores, las cuales pertenecen a industrias de manufactura, turismo u otros servicios.

Alcalde Luján recordó que la subcontratación afecta a los trabajadores en rubros como pensiones, jubilación, fondos de vivienda, liquidaciones e indemnizaciones, así como despidos,
licencias de maternidad, accidentes, incapacidades, reparto de utilidades y antigüedad.

“En el pago de reparto de utilidades, según la ley, las empresas están obligadas a repartir un porcentaje, hoy, del 10 por ciento a los trabajadores y con el esquema de subcontratación no reparten las utilidades”, dijo.

Además, impide la organización libre de los trabajadores y la negociación colectiva, por ende, la posibilidad de mejoras salariales.

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