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Informe revela dos mexicanos muertos en centros de migrantes en EU

El documento analizó ocho casos de detenidos en los que la atención médica deficiente tuvo un papel preponderante en sus muertes

Al menos dos mexicanos murieron en los últimos cinco años debido a actos de negligencia médica mientras permanecían bajo custodia en centros privados de detención para migrantes en Estados Unidos, según un informe difundido hoy aquí.

Elaborado por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Detention Watch Network (DWN) y el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NJIC), el documento analizó ocho casos de detenidos en los que la atención médica deficiente tuvo un papel preponderante en sus muertes.

El informe, elaborado mediante la obtención de documentos oficiales del gobierno federal estadunidense, incluye el caso del mexicano Pablo Gracida Conte, de 54 años, quien murió en el Centro de Detención de Eloy, en Arizona, en octubre de 2011.

Titulado “Negligencia mortal”, el informe da también cuenta de la muerte del mexicano Fernando Domínguez Valdivia, de 58 años, fallecido en marzo de 2012 en el Centro de Detención de Adelanto, en California.

“Las flagrantes violaciones a las normas del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) sobre la atención médica tuvieron un papel prominente en ocho de las defunciones de personas bajo custodia ocurridas desde 2010 hasta 2012”, reveló la investigación.

El documento también critica que luego de las investigaciones del ICE sobre estos casos, las conclusiones se desestimaron y los resultados de las averiguaciones “básicamente” no se tomaron en cuenta.

Gracida Conte murió por una enfermedad tratable del corazón, “luego de cuatro meses de haber presentado solicitudes constantes de tratamiento médico que no fueron atendidas”, de acuerdo con el documento.

La investigación del ICE en el caso de Gracida Conte concluyó que su muerte “podría haberse evitado” si hubiese recibido “el tratamiento médico apropiado de manera oportuna”.

Esa misma investigación determinó también que el centro de Eloy, que forma parte de la empresa carcelaria Corrections Corporation of America (CCA), no contaba con personal médico suficiente y que una doctora había informado que “necesitaba ayuda urgentemente”.

En el caso del también mexicano Domínguez Valdivia, éste contrajo pulmonía, una enfermedad tratable y prevenible, pero murió después de recibir lo que la investigación del ICE calificó como un “nivel inaceptable de atención médica”.

La investigación de la defunción de Domínguez Valdivia reveló varios errores notorios cometidos por el personal médico del Centro de Detención de Adelanto, que forma parte del sistema penitenciario de la empresa Grupo GEO.

El documento asentó que los centros de detención privados para migrantes en Estados Unidos no atienden, en general, las necesidades médicas de manera oportuna, no remiten a los detenidos a atención médica externa de mayor nivel, y su personal médico tiene carencias.

Además, el personal de los centros de detención no se comunica la información importante sobre los pacientes, quienes no son sometidos a exámenes médicos adecuados y no se identifican o rectifican las posibles fallas que surgen tras investigaciones sobre estas instalaciones.

En total, 56 individuos han muerto en centros de detención durante la administración del presidente Barack Obama, en 17 decesos se realizaron investigaciones por parte del ICE, las cuales mostraron negligencia médica en ocho casos.

Mary Meg McCarthy, directora del NIJC, advirtió que “no hay garantía de que las personas detenidas por el ICE saldrán vivas de la detención, incluso bajo las políticas de la administración Obama que buscan reducir la cifra de personas que muere mientras se encuentra bajo custodia” del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

La activista puntualizó que “el ICE tiene el mandato de cuidar a las personas en su custodia”.

“Si los centros de detención no pueden ofrecer un cuidado médico rápido y de calidad, el ICE debe implementar acciones correctivas en esas instalaciones o terminar los contratos con las instalaciones que no las cumplan”, destacó McCarthy.

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