Revelan 9 ejecuciones extrajudiciales en conflicto de Oaxaca 2006-2007

Un informe concluyó que existía una ruta de acción para estos crímenes: selección de la persona, seguimiento, vigilancia, ejecución y ocultamiento de pruebas para no dar con los responsables

Por La Silla Rota

La Comisión de la Verdad de Oaxaca (CVO) señaló que existen elementos para considerar que durante el conflicto social de 2006 y 2007, en la entidad se registraron nueve ejecuciones extrajudiciales, las cuales siguen en la impunidad.

En el Informe Final se concluyó que existía una ruta de acción para estos crímenes: selección de la persona, seguimiento, vigilancia, ejecución y ocultamiento de pruebas para no dar con los responsables.

“Con respecto a los casos estudiados por la CVO de los homicidios de las siguientes personas: Arcadio Fabián Hernández, Eleuterio José Jiménez Colmenares, Lorenzo Sampablo Cervantes, Alejandro García Hernández, Emilio Alonso Fabián, Esteban López Zurita, Bradley Ronald Will, Raúl Marcial Pérez y Alberto Jorge López Bernal, existen elementos suficientes para sostener que se trató de ejecuciones extrajudiciales, es decir, crímenes de Estado.

Esto ya que responden a una forma de operar que, se presume, siguió una ruta de acción en varios de los casos: la selección de la persona o personas, seguimiento y vigilancia, ejecución y, por último, falta de acopio y eliminación de pruebas que conlleven a encontrar a los autores, especialmente, el material y, por ende, el intelectual”, expone el documento.

La CVO consideró que “al igual que todas las ejecuciones extrajudiciales que se realizaron durante el conflicto, la del periodista Bradley Roland Will continúa en la impunidad; sin una línea de investigación que dé como resultado el acceso a la justicia, así como a la verdad, para dar nombre y castigo tanto a los autoridades materiales como intelectuales de la misma”.

Tras la revisión de documentos oficiales y testimonios, los integrantes de la CVO detectaron que durante el conflicto de 2006-2007 en Oaxaca que se presentaron detenciones que “respondieron a un patrón de actuación por parte del Estado”.

El documento revela que las detenciones “en primer lugar fueron realizadas de manera arbitraria y acompañadas por tratos crueles, inhumanos, degradantes y tortura. En su gran mayoría fueron realizadas por grupos armados ilegales, los cuales llevaban a las personas detenidas a sitios desconocidos, donde las torturaban. El siguiente paso era entregarlos a alguna autoridad, la cual volvía a torturarlas, y ésta, a su vez, las ponía a disposición del Ministerio Público. Después de la entrada de la PFP a la ciudad de Oaxaca, fueron incluidos en esta cadena de custodia, elementos del Ejército, bajo el formato de “personal COMISIONADO a la Secretaría de Seguridad Pública”, según información proporcionada por la Secretaría de la Defensa Nacional”.

Entre el 2006 y el 2007 también se presentaron desapariciones de personas en Oaxaca, se tienen documentadas 97 desapariciones durante el periodo de gobierno de Ulises Ruiz Ortiz.

De acuerdo con la CVO “existen elementos para señalar al entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz, el procurador Evencio Nicolás Martínez Ramírez, el secretario de Protección Ciudadana, Sergio Segrestre Ríos; el director de la Policía Ministerial estatal, Daniel Camarena Flores; y el coordinador de Seguridad, Vialidad y Tránsito Municipal, Aristeo López Martínez, en una serie de agravios cometidos contra Emeterio Marino Cruz, los cuales incluyen la tentativa de homicidio calificado, abuso de autoridad, tortura, trato cruel, inhumano y degradante, entre otros”.

Los hechos ocurridos y la información oficial permiten “considerar que el Estado mexicano ensayó en 2006 en Oaxaca un conjunto de procedimientos que tienen como objetivo fortalecer la impunidad y cuya aplicación en los años siguientes a nivel nacional derivó en lo que ahora es denunciado y visibilizado como una crisis nacional de derechos humanos, la cual tiene como epicentro la ejecución y desaparición de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa ocurrida en septiembre de 2014”, señalaron en su informe los integrantes del CVO.

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