Mientras la inspectora de policía, Alba Guevara López, se interna en los estrechos callejones de un barrio controlado por pandillas en una barriada de San Salvador, la mitad de los agentes a su cargo se cubren el rostro con pasamontañas negros.
«Los que viven un poco cerca les da cierto temor de que los identifiquen y luego agarran represalias cuando andan en su tiempo libre», dijo la inspectora que tiene 20 años de experiencia y su rostro visible aparece visible tras sus gafas de sol oscuras. «En sus horas de descanso uno se vuelve más vulnerable».
Y hay muchos motivos para tener miedo. Las pandillas declararon una guerra abierta contra la policía en este pequeño país centroamericano, en respuesta a una operación iniciada el año pasado por el gobierno. Los asesinatos de policías casi se multiplicaron por dos en 2015, a más de 60, y en lo que va de año han muerto 15 policías, incluidos dos el martes.
En algunos casos, se les ataca cuando están fuera del horario de trabajo compartiendo con sus familiares que a su vez se convierten en víctimas.
Los crecientes ataques son un indicio de que el conflicto en El Salvador se está saliendo de control y amenaza con convertirse en una guerra abierta, dijeron analistas consultados por The Associated Press.
«Han logrado provocar una sicosis y una paranoia dentro de la policía» que daña la ya baja moral del cuerpo, dijo Jeannette Aguilar, experta en pandillas y directora del Instituto Universitario de Opinión Publica en la Universidad Centroamericana en San Salvador.
El fenómeno también forma parte de una cadena de asesinatos de venganza y represalias que ha puesto al país en una espiral de más violencia, indicó Aguilar.
En 2015, El Salvador tuvo la tasa más alta de homicidios para un país que no está en guerra, con 103 asesinatos por cada 100.000 habitantes. En los primeros tres meses de este año se han producido más de 2.000 asesinatos por encima del ritmo del año pasado.
La violencia ha hecho que miles de salvadoreños emigren a Estados Unidos. La agencia de refugiados de Naciones Unidas pidió la semana pasada acciones inmediatas para ayudar a los que huyen de la violencia en El Salvador y los vecinos Honduras y Guatemala, cuyo éxodo alcanza cifras tan altas que sólo se había visto desde que la región se vio golpeada por las guerras civiles de la década de 1980.
Aguilar cree que en 2015 hubo un momento definitorio de la violencia de El Salvador, ya que tanto el gobierno como las pandillas adoptaron estrategias de más confrontación e, incluso, ciudadanos corrientes tomaron las armas para perseguir a los delincuentes.
Las pandillas abrieron campos de entrenamiento en las montañas y detonaron un coche bomba en la capital. Empezaron a atacar a la policía y a sus seres queridos, y también a soldados cuando el Ejército intervino en la lucha.
En apenas tres semanas de enero se acusó a los pandilleros de las muertes del padre de un policía, el hermano de un soldado, las esposas de dos policías y una mujer y su hijo que eran familiares de un policía.
El mes pasado, el soldado de las fuerzas especiales Enrique Ramos fue asesinado junto con tres familiares a los que visitaba en una zona rural. Aparecieron atados de pies y manos, con los cuerpos cosidos a balazos y heridas de machete. Las autoridades dijeron que la pandilla Barrio 18 controla la zona.
Para la inspectora Guevara, es personal: varios de los colegas de la inspectora fueron asesinados fuera del horario de trabajo en crímenes que ella está segura fueron obra de las pandillas. Un agente estaba en casa barriendo su patio, «totalmente relajado». Otro estaba arreglando su tejado.
«No fue casualidad, sino que ya tenía un objetivo», afirmó.
Marvin Reyes, otro policía con 20 años de experiencia, dijo que según sus cuentas, este año han sido asesinados 13 agentes y 25 de sus familiares. Eso fue antes del martes, cuando según las autoridades, hombres armados de Barrio 18 mataron a dos policías en un ataque dirigido contra ellos en momento en que escoltaban a un testigo. Murieron seis supuestos pandilleros.
Reyes dijo que los policías ganan tan poco que no tienen más opción que vivir en los barrios que son controlados por las pandillas a las que combaten. Simplemente ir a casa por la noche pone a sus familias en peligro, de modo que a menudo duermen en las comisarías.
Muchos policías han abandonado sus hogares y siguen pagando el arrendamiento de esas casas a pesar de que ahora viven en un lugar distinto. Muchos abandonan el cuerpo policial, en su mayoría para mudarse a Estados Unidos.
«Nosotros tenemos que convivir con los delincuentes, a la par. Nuestros hijos van a la escuela donde van los delincuentes. Nuestros hijos caminan en los mismos lugares donde camina el hijo del delincuente», dijo Reyes. «Las pandillas vieron que nosotros somos vulnerables cuando estamos de licencia, cuando no estamos de turno».
Reyes y otras personas han intentado organizarse para pedir mejores condiciones de trabajo y de salario, en un país donde el sueldo base de la policía es de 425 dólares al mes antes de impuestos. La ley prohíbe sindicarse a los policías, y el mes pasado Reyes fue suspendido sin sueldo junto con otros cinco policías activistas.
El Ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, que fue director nacional de la policía hasta enero, admitió que las fuerzas de seguridad son vulnerables. El ministro afirmó que la respuesta adecuada es más formación y, lo más importante, acabar con los responsables de los ataques contra la policía para demostrar que no se tolerarán.
«Muchas estructuras delincuenciales han encontrado que es una forma de mantener una especie de pulso con el gobierno, esperando que el gobierno, bajo esa presión, se siente con ellos», señaló. «Ya el gobierno expresó con claridad que no lo va a hacer, de forma que está significando un periodo no sólo doloroso, sino duro en cuanto al trabajo en la policía».
Las pandillas ordenaron este mes un alto el fuego unilateral y el goteo diario de muertos se detuvo. Pero nadie parece creer que aguantará.
El gobierno ha ido endureciendo su estrategia. Las autoridades anunciaron la semana pasada el traslado de 342 líderes de pandillas encarcelados hasta un penal de máxima seguridad donde se verán aislados.
La semana pasada, el presidente Salvador Sánchez Cerén, convocó a mil reservistas del Ejército para sumarse a la batalla.
Aguilar opina que provocar a las pandillas y rehuir el diálogo ignora el hecho de que, en muchos casos, los ataques de pandillas responden a supuestas ejecuciones extrajudiciales y otros abusos de la policía.
También plantea el riesgo as convertir el conflicto en una guerra abierta entre pandillas, fuerzas de seguridad y civiles, advirtió.
«Esto va a generar un derramamiento de sangre imparable en las comunidades», dijo.
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